Día: 11 de enero de 2024

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJFE) consideró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJFE) consideró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe declarar la constitucionalidad del decreto que extingue los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) y ordenar que se actúe en consecuencia. Con ello, señaló, se honrará el compromiso de la ministra presidenta Norma Piña Hernández, de devolver los recursos de los fideicomisos para ser utilizados en la reconstrucción de Acapulco por los daños causados por el huracán Otis. Al exponer sus argumentos por los que debe ser declarado constitucional decreto que extingue fideicomisos del Poder Judicial constituidos con fondos público, la CJEF expuso que «es falso» que la extinción de fideicomisos afecte la independencia judicial e impida a las personas juzgadoras del actuar con imparcialidad. Explicó que los salarios y prestaciones que se otorgan a los integrantes del PJF están previstos en el artículo 123, apartado B de la Constitución y demás normas laborales aplicables. «No existe disposición constitucional alguna que establezca el pago de prestaciones extraordinarias que no estén fijadas en la ley. Los fideicomisos no son instrumentos jurídicos para otorgar prestaciones extraordinarias a ninguna persona servidora pública». La Consejería argumentó que el decreto impugnado garantiza que las obligaciones derivadas de los instrumentos jurídicos que se extinguen serán atendidas con recursos de los propios fideicomisos, como señala el artículo tercero transitorio de dicho decreto, con lo que se salvaguardan los derechos y obligaciones que correspondan. «De actuar de manera imparcial y con respeto al principio de división de poderes que señala el artículo 49 constitucional, la SCJN debe cumplir el artículo 17, en el sentido de privilegiar el análisis de la constitucionalidad de las normas por encima de formalismos procedimentales que supuestamente incumplió el Poder Legislativo, ya que, además, se dio la participación a todas las fuerzas políticas». La CJDF destacó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación están garantizadas cinco partidas específicas: 14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil; 14403 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil; 14404 Cuotas para el seguro de separación individualizado; 14405 Cuotas para el seguro colectivo de retiro, y 15301 Prestaciones de retiro. «Así pues, están garantizadas todas las percepciones y prestaciones laborales que por derecho les corresponde a las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación. No se vulneran sus derechos adquiridos», dijo la CJEF en un comunicado.

La presidenta del organismo electoral podrá proponer titulares y elegir encargados de despacho sin plazos establecidos ni otros requisitos.  Ante la falta de nombramientos en áreas clave del INE, la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó que la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, podrá proponer titulares y elegir encargados de despacho sin plazos establecidos ni otros requisitos. La propuesta de la magistrada Mónica Soto también amplía las facultades de la presidencia para que pueda elegir al encargado de la Secretaría Ejecutiva entre cualquiera de las personas que están al frente de una Dirección Ejecutiva, sin importar si son titulares o interinos. Actualmente, la consejera presidenta sólo puede nombrar al encargado de la Secretaría de entre los titulares que conforman la Junta General Ejecutiva, por lo que esto ampliaría su margen de elección. El asunto fue avalado con los votos de Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, y con los votos en contra de Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón. Por tanto, se queda sin efectos el plazo de 30 días para que la presidencia presentara sus propuestas, así como los 12 meses como límite temporal que podrá permanecer el encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva y las otras áreas. Además, determinó que los actuales encargados de despacho en las Dirección Ejecutivas y Unidades Técnicas, así como aquellos designados por la presidencia, deberán permanecer en el cargo hasta que concluya el proceso electoral. La magistrada presidenta, Mónica Soto, señaló que se propone dejar sin efectos aquellos puntos que son un exceso en la facultad reglamentaria del Consejo General del INE. «Aquí se está yendo más allá de lo establecido para acotar derechos a personas que reúnen los requisitos legales, pero no los nuevos requisitos que se imponen en este acuerdo», sostuvo. El magistrado Felipe Fuentes dijo que los plazos y condiciones no corresponden a lo establecido en la Constitución y la ley, por lo que el acuerdo representa un exceso y se violenta el principio de subordinación jerárquica. «No entiendo que el Consejo General del INE pueda mandatar a la presidencia fijar estos plazos y estas condicionantes, porque creo que cada una de las autoridades del INE tiene distintas atribuciones perfectamente definidas en la ley», apuntó. En tanto, el magistrado Felipe de la Mata dijo que ante una situación extraordinaria, es «absurdo» limitar las opciones de la presidenta del INE para que elija a la persona encargada de la Secretaría Ejecutiva, ya que sólo puede escoger entre titulares de Direcciones Ejecutivas; en tanto, el proyecto añade a los encargados de despacho. «Más que ser un problema jurídico, es un problema de organización interna, vamos a decirlo, de política interna. Como se ha demostrado, las normas establecen claramente la manera en que estos cargos tienen que ser ocupados», dijo. La magistrada Janine Otálora, consideró que el Consejo General, señaló que, en los hechos, Guadalupe Taddei no ha ejercido su atribución de avanzar con los nombramientos por más de seis meses. Por ello, consideró que el Consejo General tiene atribuciones para emitir este acuerdo ante la falta de nombramientos en áreas clave. En el mismo sentido, el magistrado Reyes Rodríguez consideró que no hay una afectación a las facultades de la presidenta del órgano electoral, pues no se limita su facultad de proponer titularidades, sino que se plantean plazos. Señaló que el proyecto permite a la presidenta del INE elegir al encargado de la Secretaría Ejecutiva entre quienes ya fungen en encargadurías en las Direcciones Ejecutivas, lo que va en contra del reglamento interno del INE. «No sería lógico ni razonable que para la designación de titularidad de las áreas exista un mecanismo de control estricto, pero que una encargaduría de despacho ejerza indefinidamente el cargo sin ninguna restricción legal ni reglamentaria», advirtió.