febrero 1, 2024 - Página 2 de 2 - Punto Poniente ı La ubicación de las noticias
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Gobierno de Nuevo León tenía obligación de publicar decreto de FEIF, asegura PAN

El diputado panista, Carlos de la Fuente, aseguró que la Corte les dio la razón sobre la no invasión de poderes, ya que Samuel García debió publicar la reforma en el plazo establecido. Luego de que la Suprema Corte de Justicia de Nuevo León (SCJN) dio 15 días al gobernador Samuel García para que publique en el Periódico Oficial del Estado la creación de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera (FEIF), la bancada del PAN presentó la resolución en la que establece que estaba obligado a publicar el decreto en cuestión, en términos del artículo 71 de la Constitución local, y al no hacerlo vulneró los principios de división de poderes. Carlos de la Fuente, coordinador del PAN, dijo que la Corte les dio la razón sobre la no invasión de poderes, pues el Ejecutivo estatal debió publicar la reforma dentro del plazo que establece la Constitución local o, en su caso, vetarla para que le den trámite los legisladores. https://www.milenio.com/politica/nuevo-leon-debia-publicar-decreto-feif-afirma-pan“El Poder demandado sí actuó ilegalmente, toda vez que no dio trámite a la solicitud de publicación del decreto en cita a pesar de estar obligado a ello. “En consecuencia, al no haber actuado conforme a las disposiciones legales aplicables y haber provocado la subordinación del Poder Legislativo, se violentan los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el de división de poderes, que tienen por objeto que se respete el orden jurídico y que no se afecte la esfera de competencia que corresponda a uno de los poderes que integran los estados, por lo que debe considerarse que la omisión en la publicación del decreto 196 es violatoria de los artículos 14, 16, 49 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en consecuencia, procede declarar su inconstitucionalidad”, dijo De la Fuente al leer la resolución de la Corte. La Corte le dio a Samuel García un nuevo plazo de 15 días hábiles para que acate la resolución, periodo que finaliza el 14 de febrero. En respuesta, el Gobierno del Estado anticipó que interpondrá una controversia constitucional. Van por auditoría especial contra El Cuchillo II La bancada del PAN también reveló que pedirá a la Auditoría Superior del Estado (ASE) que analice con detalle el gasto en el acueducto El Cuchillo II, por considerar que presuntamente hubo irregularidades. Indicó que la petición la harán la próxima semana «La próxima semana pediremos una auditoría especial por el tema de El Cuchillo II, porque de los 5 mil millones de pesos que iba a poner el Gobierno del Estado, terminó poniendo 12 mil millones de pesos a largo plazo, y realizó una asignación directa por el tema de la urgencia» finalizó.

Confirman megamulta a Morena por 62mdp

La Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF) confirmó por unanimidad la megamulta a Morena. La Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF) confirmó por unanimidad la megamulta a Morena por más de 62 millones de pesos, tras las irregularidades detectadas en los recursos utilizados para las giras de las «corcholatas«, derivadas de su proceso interno para elegir su candidatura a la Presidencia. El magistrado ponente, Felipe de la Mata, sostuvo que «la sanción del INE no fue arbitraria ni fortuita, es una consecuencia directa de las acciones y omisiones del partido recurrente y de las personas aspirantes en una campaña nacional enorme, que generó beneficios a Morena, ya que el INE demostró a través de un trabajo exhaustivo y profesional que se vulneraron las reglas de fiscalización». El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón dijo que si bien acompaña la propuesta, expresó su desacuerdo por la forma en la que se realizó la sustanciación del proyecto, donde se aceptó una audiencia a Morena y se aplazó la discusión del asunto. Señaló que retirar proyectos de la agenda por audiencias solicitadas el mismo día puede generar percepciones erróneas, por lo que, dijo, no replicará esto en su ponencia. La magistrada Janine Otálora expuso que la validación de estos procesos internos no legitima los eventos posteriores al mismo, es decir, si incumplieron con alguna norma. Señaló que la fiscalización no se limita a la revisión de recursos públicos y privados, sino que también se debe investigar sobre el origen, monto, destino y aplicación de cualquier recurso que manejen los actores políticos. En cuanto a la propaganda utilitaria como gorras, playeras, banderas entre otras, la magistrada mencionó que contenían el nombre, lema o emblema de los aspirantes, y el partido político no argumentó por qué estos utilitarios no debieron ser considerados como un beneficio. Entre otros agravios, Morena señaló que el INE vulneró el principio de irretroactividad de las leyes al aplicar los lineamientos, en tanto establecen que el periodo a fiscalizar inicia con el acuerdo o convocatoria del proceso interno, esto es, cuando los lineamientos aún no entraban en vigor. En este caso, y el resto, la ponencia del magistrado determinó que los agravios fueron inoperantes o infundados. Una de las multas, por 20 millones de pesos, fue porque Morena omitió reportar gastos realizados por concepto de eventos y propaganda localizada en las visitas de verificación. En otra multa, por 37 millones 409 mil 282 pesos por propaganda en vía pública, Morena atribuyó violaciones a su defensa, a los principios de congruencia interna y legalidad, pero se determinó que los señalamientos son infundados. Otros 3.4 millones de pesos fue por no reportar gastos menores; y un millón de pesos más en sanciones por gastos de transporte. El partido alegó que el INE hizo observaciones respecto a gastos detectados que no contenían nombre, lema o emblema de las personas aspirantes del partido político ni del proceso que se estaba desarrollando. Sin embargo, no prosperó. En cuanto a la propaganda utilitaria, el proyecto señala que se detectaron 5 mil 350 playeras que el partido no reportó y por lo cual fue sancionado, y el agravio queda inoperante toda vez que sus argumentos debieron plantearse en «un momento procesal oportuno».

El principal problema es la seguridad, el país está hecho llamas: Samuel García

Samuel García, gobernador de Nuevo León, también denunció que en México existen 10 estados fallidos en materia de seguridad. En el marco de los 200 años de Nuevo León en el Federalismo Mexicano, el gobernador Samuel García puntualizó que el país está hecho «llamas» por el tema de la seguridad. “Me están grabando, pero me voy a aventar, mañana nos defendemos, el tema de la seguridad, el principal problema de este país es la seguridad, está el país hecho llamas, siendo sinceros hay 10 estados fallidos y no los voy a decir para no quemar raza, no pasa el transporte porque los queman o los roban o les piden piso”, sentenció. Respecto al tema del federalismo dijo que su intención no es criticar a las instituciones públicas, nacionales y locales, sino la búsqueda de una reflexión ante los problemas que han surgido derivado de la distorsión del federalismo en México y en el Estado. “Hoy voy a hablar de algunas figuras para ejemplificar porque el federalismo en México se distorsionó, y hoy tenemos problemas por ello, entonces lo que no quisiera es que el auditorio ni los medios crean que estoy criticando instituciones, estoy haciendo una reflexión de por qué hoy tenemos broncas pesadas en Nuevo León y por un mal federalismo no las hemos podido resolver”, mencionó Samuel. Posteriormente, aseguró que hoy en día los ciudadanos no tienen conocimiento o no les llama la atención el término del federalismo, situación que ha observado en las campañas al estar en contacto con los ciudadanos. “Primero, el federalismo es un término jurídico muy abstracto que el ciudadano ordinario, sobre todo, fuera de la materia jurídica, pues no llama la atención, está poco estudiado en México y pues pareciera que no abona absolutamente en nada, eso, pues uno lo ve en la calle cuando va a campañas, cuando anda con la gente, hablas de federalismo y pues ‘qué es eso, next’”, dijo Samuel García. En los «200 años del Federalismo en México y Nuevo León» además del gobernador Samuel García, también estuvo presente Javier Navarro, secretario de gobierno; Pedro Rubén Torres Estrada, abogado y profesor de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey; Mario Alberto Garza Castillo, director de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL y Fernando Vázquez Alanís, asesor de asuntos históricos de la Secretaría General de Gobierno.

Declara SCJN inconstitucional reforma eléctrica de AMLO

La iniciativa buscaba favorecer a la CFE sobre empresas privadas La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (ILE), que otorgaba ventaja a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre empresas privadas del sector, aprobada en marzo de 2021 y que fue impulsad a por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con el voto de calidad del ministro Alberto Pérez Dayán, al haberse calificado de legal la excusa formulada por el ministro Javier Laynez Potisek, la Segunda Sala concedió el amparo a las empresas Recursos Solares PV de México IV, S.A. de C.V., BNB Villa Ahumada Solar S. de R.L. de C.V., Engie Abril PV S. de R. L. de C.V., Eólica Tres Mesas 4 S. de R.L. de C.V., Tractabel Energía de Pánuco S.A. de C.V., y Tractabel Energía de Monterrey S. de R.L. de C.V., para que no les sea aplicada la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Pérez Dayán votó a favor del proyecto de sentencia presentado por Laynez Potisek porque, dijo, «recoge puntualmente los argumentos de inconstitucionalidad de la Ley cuestionada sostenidos por el tribunal pleno al conocer de la acción de inconstitucionalidad 64/2021 en sesión del día 7 de abril de 2022, criterios que alcanzaron los 7 votos, de ahí que este proyecto se hace en consideración de esos alcances». En contraste, la ministra Lenia Batres Guadarrama votó en contra al señalar que el proyecto considera que mediante la reforma constitucional el Estado abandonó su control en todas las actividades, y que el objetivo de la reforma fue generar un nuevo diseño institucional para el sector energético fundamentado en la participación de capitales privados en diversas áreas. «No estoy de acuerdo con los efectos de la concesión del amparo, pues considero se debe negar el amparo a las quejosas, ante la falta de un agravio personal y directo en su contra y, en consecuencia, las promoventes no cuentan con la legitimación necesaria para promover la presente instancia, asimismo, no estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, porque desvirtúa el espíritu del propio juicio de amparo, al contradecir el principio de relatividad de las sentencias», indicó. De esta manera, la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica se queda sin posibilidad de implementarse.