abril 17, 2024 - Página 2 de 2 - Punto Poniente ı La ubicación de las noticias
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Urge Estado a Congreso aprobar Ley de Ingresos 2024

Al mantener la confronta por el presupuesto; el gobierno del Estado urgió al Congreso local. Al mantener la confronta por el presupuesto; el gobierno del Estado urgió al Congreso local a aprobar la Ley de Ingresos 2024, o apretarse el cinturón y solventar sus gastos con «guardaditos». Mediante historias de Instagram, el gobernador Samuel García Sepúlveda compartió un comunicado en el que recuerda que a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado envió una Ley de Ingresos por 156 mil 047 millones de pesos, un 11.4 por ciento más de lo que se ejerce actualmente con la reconducción presupuestal. El monto extra incluye recursos para que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y el Tribunal Electoral del Estado solventen las elecciones del próximo 2 de junio. «Para poder cumplir en tiempo y forma con recursos para hacer frente a las necesidades de los Poderes y Organismos Autónomos subordinados al PRIAN, es urgente que el Congreso apruebe la Ley de Ingresos para 2024, y con ello contar con el andamiaje legal necesario para poder trabajar con el aumento de los ingresos», refiere el escrito. «De no hacerse así, tendrán que ajustarse el cinturón y usar sus ilegales «guardaditos» que han sido reportados en sus Cuentas Públicas, que tienen en sus cuentas y que no han dado explicación del uso de los mismos, pues es mandato constitucional garantizar la elección del 2 de junio que tendrá un costo de entre 1200 y 1600 millones de pesos». «Insistimos en que el Legislativo apruebe a la brevedad la iniciativa de Ley de Ingresos 2024, para cubrir con normalidad las necesidades de operación de todas las instituciones del Estado», agrega. En el documento la dependencia estatal señala que al no aprobar los diputados locales el presupuesto de ingresos, el Estado recurrió a la Tácita Reconducción y uso de los recursos que fueron planteados para 2023.

Cuestionan juicio político contra Norma Piña

Constitucionalistas han advertido que el juicio político promovido por el exministro Arturo Zaldívar. Constitucionalistas han advertido que el juicio político promovido por el exministro Arturo Zaldívar en contra de la presidenta de la SCJN, Norma Piña, carece de sustento jurídico y parece ser más una acción de revancha política. Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y profesor de la UNAM, señaló que esta medida parece ser una respuesta al inicio de una investigación en su contra por parte del PJF. Respaldó la actuación de Piña al admitir denuncias anónimas, asegurando que están reguladas por un acuerdo general aprobado durante el mandato de Zaldívar. En su opinión, la petición de juicio político está fundamentada en términos constitucionales, pero carece de argumentos sólidos para probar la responsabilidad de Piña. José María Soberanes Díez, profesor de Derecho Constitucional, consideró que se trata de un golpe político-electoral, sin sustento probatorio. Afirmó que es una revancha por parte de Zaldívar, quien se queja de una denuncia sin pruebas mientras hace lo mismo. Soberanes Díez recordó que nunca se ha concluido un juicio político en México desde 1917 y destacó que Morena y sus aliados no tienen mayoría calificada para destituir a Piña. Javier Martín Reyes, doctor en Derecho Constitucional y Electoral, coincidió en que el juicio tomó un sesgo político desde que Zaldívar lo anunció junto al presidente nacional de Morena.

Fiscalía de NL, PJ y autónomos amagan con paro de labores por falta de recursos

Señalaron que si el Estado no deposita los fondos pendientes para el viernes, no podrán prestar servicios a partir del próximo lunes. A pesar de que el Gobierno del Estado anunció este martes que transfirió entre el 60 y el 70 por ciento de los recursos solicitados, el Poder Judicial, la Fiscalía General de Justicia, el Congreso local, el Instituto Estatal de Transparencia, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Auditoría Superior del Estado informaron que si no se les pagan completos los fondos faltantes a más tardar el próximo viernes, tendrán un paro de labores a partir del siguiente lunes. En conferencia de prensa conjunta en el Congreso local, Arturo Salinas, magistrado presidente del Poder Judicial, dijo que le fueron transferidos cerca de 60 por ciento del total de los recursos, pero el Estado tiene pendiente de transferirles 30 millones 383 mil 105 pesos. “Los recursos faltantes que son el 30 o el 40 por ciento que nos hacen falta todos. Necesitamos que se depositen, que se depositen de manera urgente porque si no se depositan de manera urgente lo que les puedo decir es que a partir del lunes próximo, seguramente no vamos a poder estar brindando los servicios públicos que los ciudadanos se merecen”, afirmó. Pedro Arce Jardón, encargado de Despacho de la Fiscalía General de Justicia, dijo que a ellos les transfirieron el 70 por ciento de los recursos, por lo que hizo un llamado al Estado a depositar los más de 49 millones de pesos restantes. “(Se van a ver afectados) todos aquellos asuntos del día a día, como denuncias nuevas, informes policiales que se pongan en conocimiento y que se generan nuevas carpetas de investigación, es un número considerable muy importante. “Ese 30 por ciento (del recurso) que nos falta afectaría directamente a esa operatividad, a la atención de estos nuevos eventos y al tema de las denuncias, y lo que viene siendo las audiencias”, indicó. Olga Susana Méndez, presidenta de la CEDH, dijo que se vulneraron los derechos de los trabajadores porque les pagaron tarde. “Solo nos hicieron una ministración del 60 por ciento y nos falta el 40 por ciento para poder hacer el pago el próximo viernes. Esto ha sido en reiteradas ocasiones, cuatro para ser precisa, en lo que nos ha dejado sin el presupuesto completo”, manifestó. Brenda Lizeth González, presidenta del Instituto Estatal de Transparencia (InfoNL), dijo que el Estado tiene pendiente de depositarle al organismo un total de un millón 788 mil 333 pesos para terminar de pagar la nómina. “También hacemos un llamado para que esta transferencia de recursos se realice de manera oportuna y actualmente únicamente contamos con el 70 por ciento del presupuesto necesario para poder pagar al igual que Derechos Humanos”, refirió. Ricardo Canavati, presidente del Congreso local, lamentó que el Estado no haya presentado el Presupuesto de Egresos 2024, y señaló que tienen pendiente 14 millones 300 mil pesos que deben ser depositados al Legislativo. “Si se hubiera revisado y presentado el Presupuesto se hubiera aprobado y podríamos ver con una mayor certeza en donde estamos parados todos y cada una de los organismos”, afirmó.

Pretenden liberar 68 mil presuntos delincuentes

La Segob informó que uno de los estados más afectados sería el Estado de México, en el cual hay 21 mil personas en prisión preventiva oficiosa El Gabinete de Seguridad envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una carta en la que le expusieron sus preocupaciones con la posibilidad de eliminar la prisión preventiva oficiosa que podría dejar en libertad de 68 mil presuntos delincuentes, informó la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde. En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este martes 16 de abril en Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación dijo que podrían quedar en libertad 11 mil 640 acusados de homicidio; 7 mil 150 acusados de secuestro; 5 mil 617 de violación; 4 mil 13 de narcotráfico y narcomenudeo; 3 mil 800 de portación de armamento y explosivo; mil 405 de feminicidio; mil 273 de abuso infantil y corrupción de menores y 405 por delincuencia organizada. Señaló que uno de los estados más afectados sería el Estado de México, en el cual hay 21 mil personas en prisión preventiva oficiosa. «El número es alto porque la problemática está vinculada a la enorme tardanza de los propios jueces, recursos y amparos que hacen que estos procesos duren mucho tiempo en resolverse, lo que debe ser atacado por el propio Poder Judicial», refirió. Alcalde aseguró que eliminar la prisión preventiva oficiosa pondría en riesgo a la población civil, a la seguridad nacional y a los propios juzgadores. Advirtió que algunos juzgados federales se han adelantado a la decisión de la Corte, pues el Pleno de la Región Centro Norte, que comprende 18 estados, emitió una jurisprudencia a todos los jueces a conceder amparo que promueven las personas con órdenes de aprehensión por delitos que amerita prisión preventiva oficiosa. La secretaria de Gobernación hizo un llamado a los ministros de la SCJN a respetar la Constitución, la división de poderes, no excederse en sus facultades y considerar las graves consecuencias que traerá eliminar la prisión preventiva oficiosa para la seguridad nacional y que valoren acatar el problema de la enorme tardanza de sus resoluciones.