mayo 4, 2024 - Página 2 de 2 - Punto Poniente ı La ubicación de las noticias
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Entrega Samuel García la arborización de la Alameda

Como parte de la recuperación del centro de Monterrey, el gobernador Samuel García Sepúlveda entregó ayer la arborización de La Alameda. Como parte de la recuperación del centro de Monterrey, el gobernador Samuel García Sepúlveda entregó ayer  la arborización de La Alameda. Acompañado de Betsabé Rocha, encargada del despacho de la alcaldía regia; el mandatario estatal recorrió el espacio y encabezó la plantación de un roble de 20 metros y 10 toneladas. Resaltó que en el sitio emblemático se plantaron 458 árboles de al menos 20 especies nativas, haciendo de lugar un santuario natural en el corazón de la ciudad. «Estamos muy contentos porque queremos recuperar el centro de la ciudad de Monterrey», expuso ante los asistentes integrados en su mayoría por alumnos de primaria y secundaria. «Vamos a dejar esta plaza como cuando se inauguró hace 162 años, como nueva….en 2026 va haber tantos árboles que no se va a ver el sol». «Hoy Monterrey tiene ocho grandes parques, ocho parques que vamos a rehabilitar y dejarlos como nuevos», puntualizó. Rocha indicó que se trata de una primera fase de rehabilitación, que se prolongará por lo próximos meses. «Vamos a recuperar la Alameda«, destacó. Adicionalmente, indicó García Sepúlveda, se contará con una nueva red de parques estatales, como la Huasteca, Fundidora, o el Parque del Agua cuya construcción arrancará este domingo. «Queremos que Nuevo León vuelva a disfrutar de sus parques, parque seguros. Nuevo León se merece los mejores parques». La Alameda Mariano Escobedo nace en 1861, con una extensión que va desde las calles Pino Suárez y Villagrán, de oriente a poniente, y de norte a sur, Espinosa y Washington respectivamente. Con su renovación, buscan honrar su legado histórico y crear un espacio para las presentes y futuras generaciones de la ciudad.

Acusan a congresista demócrata de recibir sobornos de Banco Azteca

Henry Cuellar es acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos soborno, influencia extranjera ilícita y blanqueo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, en inglés) acusó este viernes al congresista demócrata Henry Cuellar y a su esposa, Imelda Cuellar, de soborno, influencia extranjera ilícita y blanqueo por recibir dinero de un banco mexicano así como de una empresa de Azerbaiyán. La acusación se basa en que, presuntamente, el congresista aceptó 600 mil dólares en sobornos de estas entidades extranjeras a cambio de utilizar su cargo para influir en beneficio de las empresas implicadas en el caso. Cuellar, de 68 años, es miembro del Congreso estadounidense por el estado de Texas desde 2005. Su casa y la oficina de su campaña en la ciudad texana de Laredo, de donde es originario, fueron allanadas por el FBI en 2022 en el marco de una investigación federal sobre Azerbaiyán. El matrimonio compareció este viernes, por primera vez, ante la juez federal Dena Palermo en Houston (Texas). El DOJ anunció en un comunicado que las dos entidades extranjeras involucradas serían una compañía de petróleo y gas de propiedad estatal de Azerbaiyán y un banco con sede en Ciudad de México, cuyos nombres no fueron revelados por las autoridades estadounidenses. A cambio de los sobornos pagados por el banco mexicano, el congresista posiblemente accedió a influir en la actividad legislativa y a asesorar y presionar a altos funcionarios del poder ejecutivo estadounidense en relación con medidas beneficiosas para dicho banco. En el otro caso, Cuellar influía en la política exterior estadounidense a favor de la antigua república soviética de Azerbaiyán, en el centro de Asia. Estos pagos supuestamente se blanquearon en virtud de contratos de consultoría ficticios a través de una serie de empresas pantalla e intermediarios en compañías fantasma propiedad de Imelda Cuellar. El matrimonio acumula dos acusaciones por cargos de conspiración para cometer soborno, dos cargos de soborno de un funcionario federal, dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y dos cargos de violación de la prohibición para que los funcionarios públicos actúen como agentes de un mandatario extranjero. A esto se suma un cargo de conspiración para cometer encubrimiento de blanqueo de capitales y cinco cargos de blanqueo de capitales. Entre los dos, y teniendo en cuenta todos los cargos, se enfrentarían a una pena máxima de 204 años de cárcel. Antes de que el Departamento de Justicia hiciera pública la acusación, el mismo Cuellar quiso aclarar en un comunicado que, tanto él como su esposa, son inocentes y que todo lo que ha hecho en el Congreso «ha sido para servir a la gente del sur de Texas». El representante del distrito número 28 de Texas, situado a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, aseguró que va a continuar con su candidatura para la reelección en noviembre. También añadió que, antes de tomar cualquier acción, se asesorará jurídicamente con la Comisión de Ética de la Cámara y buscará la opinión de un bufete de abogados. El congresista es uno de los ocho hijos de un matrimonio entre un mexicano y una estadounidense que se dedicaron toda la vida al trabajo agrícola y, en la actualidad, es el miembro del Congreso con más titulaciones académicas. Antes de dar el salto a la política federal, el abogado había sido miembro de la Cámara de Representantes de Texas durante 14 años (1987-2001) y secretario de Estado de este mismo dominio en 2001.

Grave e inaudito revelar datos de presidenta de MCCI: INAI

Julieta del Río Venegas, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia. Julieta del Río Venegas, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), calificó de «muy grave e inaudito» el que el gobierno federal haya difundido sin testar el expediente del caso en el que Petróleos Mexicanos (Pemex) acusa a María Amparo Casar de cobrar ilegalmente pensión millonaria, y señaló que el instituto debe de iniciar una investigación de oficio de manera inmediata. Consultada por EL UNIVERSAL, la comisionada señaló que la dependencia federal está violando la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, al divulgar de manera indebida datos personales sin consentimientos de las personas titulares. «Es inaudito. Son datos personales y sensibles, y están violando la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y están exponiendo a las personas. Están divulgando de manera indebida datos personales sin consentimiento de las personas titulares. «Incumple el deber de confidencialidad y está violentando la ley en varios sentidos. Esto debería de obedecer a una denuncia de las personas afectadas, pero también el Inai de iniciar una investigación de oficio de manera inmediata», puntualizó la comisionada. Al respecto, José Ramón Cossío Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), consideró que ninguna norma del orden jurídico brinda facultad al gobierno federal para difundir estos documentos. «¿Con qué facultades el gobierno realiza esta publicación? Ninguna norma de nuestro orden jurídico le otorga competencias para proceder así. Ninguna», escribió el juzgador a través de una de sus cuentas en redes sociales.

Difunde Gobierno expediente contra María Amparo Casar

Luego que la mañana del viernes el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza. Luego que la mañana del viernes el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, acusó a la presidenta de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), María Amparo Casar, de participar en un caso de corrupción en contra de la empresa del Estado mexicano, esta tarde, Presidencia de la República difundió el expediente de este caso sin testar y exhibiendo datos personales. En tres expedientes alojados en el sitio web de Presidencia de la República se hicieron públicos cientos de documentos, entre ellos el acta de defunción de Carlos Fernando Márquez Padilla García, entonces coordinador de asesores de la Dirección Corporativa Administración y exesposo de Casar; la credencial de elector de María Amparo Casar, cheques, recibos de pago y otros documentos, los cuales contienen datos personales. En la cuenta oficial del Gobierno de México se difundieron los documentos con la leyenda: «Conoce los documentos del caso Márquez Padilla @Pemex«. En conferencia de prensa del presidente López Obrador, Octavio Romero Oropeza acusó que María Amparo Casar participó en un caso de corrupción en contra de la empresa del Estado mexicano. El director de Pemex informó que dentro de la estrategia de combate a la corrupción han enfrentado casos como Odebrecht, AHMSA, entre otros. «Este es un caso importante porque es un caso de corrupción encabezado por quien dice combatir la corrupción o por quien encabeza a los Mexicanos, ellos dicen que son en contra de la corrupción, pero realidad son a favor de la corrupción«. Al presentar su versión, Romero Oropeza dijo que en octubre de 2004, Carlos Fernando Márquez Padilla García, entonces coordinador de asesores de la Dirección Corporativa Administración, falleció al caer del piso 12 de la Torre A de Pemex, por lo que Casar solicitó el pago de seguro, ayuda de gastos funerarios, la pensión post mortem para sus hijos y para ella por 124 mil pesos mensuales. «Todo esto fue antes de qué hubiera un dictamen pericial. Los directivos de Pemex le dieron tratamiento de accidente omitiendo esperar el dictamen pericial del Ministerio Público que finalmente resolvió que había sido un suicidio». Romero dijo que Casar y el escritor Héctor Aguilar Camín fueron a ver al entonces procurador de la Ciudad de México para pedirle que «modificaron el dictamen, que no pareciera suicidio, sino que pareciera accidente para que procediera el pago tanto del seguro como de la jubilación, pero se resolvió que fue suicidio. Horas más tarde, María Amparo Casar negó que haya influido en el dictamen de la muerte de su esposo Carlos Fernando Márquez Padilla García y pudiera cobrar el seguro y la pensión de Pemex. Casar respondió en el programa de Ciro Gómez Leyva a la denuncia que hizo el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, en su contra por presuntamente influir en el dictamen de la muerte de Márquez Padilla García y aseguró que ni conoce al exprocurador capitalino Bernardo Bátiz. Comentó a Ciro Gómez Leyva que en incluso en su libro «¡Gracias!», López Obrador la menciona en la página 100 para acusarla de corrupción. Dijo que entonces López Obrador y Bernardo Bátiz son los responsables de haber permitido que se cambiara el acta de la muerte de su esposo.