Lo anterior toda ve que no se contó con la presencia de los diputados de Movimiento Ciudadano y Morena. El Gobierno del Estado combatirá el nombramiento del Auditor Superior, Fiscal Anticorrupción, y Fiscal de Delitos Electorales, realizados este martes por el Congreso Local. En entrevista, tras encabezar un evento público, Javier Navarro, Secretario General de Gobierno, adelantó que impugnarán la designación, al considerar que el proceso de selección estuvo viciado. Lo anterior toda ve que no se contó con la presencia de los diputados de Movimiento Ciudadano y Morena. «Fue un procedimiento totalmente desaseado desde el momento que convocaron», expuso el funcionario. «Están en un proceso desesperado de querer mantener sus cotos de poder, están dispuestos a todo». «Todas esas decisiones las vamos a combatir, porque el proceso legislativo está viciado», sostuvo. Navarro Velasco criticó incluso que Javier Garza y Garza saliera sorteado en dos ocasiones para ocupar por segunda vez la Fiscalía Anticorrupción. En tono irónico, consideró que con tanta suerte hasta podría sacarse la lotería. «Yo le aconsejaría al Licenciado Javier Garza y Garza que compre lotería, dos veces salió, que maravilla, en vida había visto tanta suerte». «La repitieron porque se equivocaron, en la primera sale el nombre de Javier Garza y Garza, y la vuelven a repetir y otra vez Javier Garza y Garza, yo de veras compraría lotería si fuera Javier», agregó. ANALIZA SU ASISTENCIA A AUDIENCIA Al considerar que es un asunto caduco, Javier Navarro Velasco, Secretario General de Gobierno, analiza su asistencia o no a la nueva audiencia por el juicio político en su contra. Tras reactivar el procedimiento, el Congreso Local citó al funcionario estatal para el próximo martes. Cuestionado al respecto, indicó que aunado a que cuenta con suspensiones, la ley establece un plazo perentorio de seis meses para este tipo de casos, y éste ya lleva años. «Lo estoy pensando (asistir), porque es un procedimiento que está caduco, es un procedimiento que tiene suspensiones, ya veré en su momento qué es lo mejor», refirió. «La ley (que regula el procedimiento) de juicio político en el Estado establece un plazo perentorio para que el Congreso lleve a cabo el proceso, creo que son seis meses, que se han agotado con creces». «Están sobre excedidos los plazos que la ley marca, ya no hay un procedimiento que pueda avanzar», puntualizó el secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco.
