Los municipios de la frontera norte y sur del país, así como todos lo que se encuentran en la ruta migratoria, no cuentan con los recursos extraordinarios o adicionales ni con la infraestructura, los programas con albergues y comedores que se requieren ante una posible deportación masiva de migrantes, como lo anunció el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a partir del 20 de enero de 2025. Municipios como Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Nogales, Reynosa, Nuevo Laredo y Tapachula, entre otros, podrían recibir al menos medio millón de mexicanos que serían deportados en 2025 como parte del millón de repatriados con el que ha amenazado el magnate. El presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado de la República, Mario Vázquez Robles, lamentó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 Morena y sus aliados no etiquetaron recursos para los municipios frente a las posibles deportaciones masivas, por lo que se prevé que la crisis humanitaria se agrave aún más. Recordó que el gobierno federal ejerce 86% del gasto contributivo y los estados y municipios sólo 12%, una fórmula injusta que debe revisarse de cara a las deportaciones de cientos de miles de mexicanos que no tendrán recursos para sobrevivir en las ciudades fronterizas. En entrevista, expuso que prácticamente todos los municipios fronterizos son las autoridades de ese nivel, apoyados por organizaciones civiles y religiosas que enfrentan el fenómeno de la migración, tanto de extranjeros que llegan para intentar cruzar a Estados Unidos, como mexicanos que son deportados o que están huyendo de la violencia en sus pueblos. «De por sí los recursos públicos que tienen los municipios son limitados en materia de infraestructura, vivienda, agua potable, drenaje, servicios de salud, y si a eso le agregamos cientos de miles de mexicanos que llegarán deportados, será una grave crisis», dijo en entrevista. El senador del PAN lamentó la desatención por parte del gobierno federal en temas como la salud, vivienda, agua potable y drenaje, que se colapsarán si se concretan las advertencias de Donald Trump. Incluso, indicó, hay municipios que no son fronterizos y están atendiendo el tema de migración, como son los casos de Chihuahua y Jiménez, donde los alcaldes tienen que desatender programas para enfocarse en el apoyo para personas en tránsito, porque tienen que proveerles de alimentación, hospedaje, cuidados y seguridad. Vázquez Robles dijo que en Ciudad Juárez también es evidente el descontrol y la ausencia de una migración ordenada —como presume el gobierno federal—, lo cual está ocasionado problemas sociales y la violación de derechos humanos de los extranjeros que buscan cruzar. «Todos los municipios fronterizos enfrentan la desatención del gobierno federal, no sólo de los migrantes, sino de los mexicanos deportados. No hay una política de atención (…) y no hay recursos etiquetados para 2025 ni ampliación de albergues o comedores», dijo. Agregó que Estados Unidos sigue tratando a México como su «patio trasero» y obligándonos a detener a los migrantes, cuando nuestra frontera sur es muy porosa y la norte ya se convirtió en un embudo. Sin recursos etiquetados La organización México Evalúa expuso que el Instituto Nacional de Migración (INM) tiene recursos proyectados de 1.6 mil millones de pesos para 2025, una reducción aproximada de 15% (-0.3 mil millones) respecto a los 1.9 mil millones aprobados para 2024. Es el peor monto asignado en más de 18 años.
