El fallo de un tribunal de EU señala que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia no autoriza explícitamente imponer las sanciones comerciales. Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos determinó el viernes que gran parte de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump son ilegales, al confirmar un fallo previo de un tribunal inferior. La resolución representa un duro golpe para la ofensiva proteccionista de la administración republicana, aunque los jueces decidieron mantener las medidas vigentes hasta el 14 de octubre, en espera de un eventual recurso ante la Corte Suprema. El caso se centra en los llamados aranceles globales, es decir, aquellos que no afectan a sectores específicos como el automotor, el acero, el aluminio o el cobre. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha recurrido a gravámenes de entre 10% y 50% contra múltiples socios comerciales, presentándolos como un pilar de su política económica. La decisión, adoptada por mayoría de siete votos contra cuatro, plantea además interrogantes sobre el futuro de los acuerdos alcanzados por Washington con actores clave como la Unión Europea. Asimismo, abre la discusión sobre lo que ocurriría con los miles de millones de dólares recaudados desde que las tarifas fueron implementadas, en caso de que la Corte Suprema ratifique su ilegalidad. Trump reaccionó de inmediato a la sentencia a través de su plataforma Truth Social, donde calificó la decisión de los jueces como «altamente politizada» e insistió en que Estados Unidos «ganará al final». El mandatario afirmó que seguirá defendiendo los aranceles y advirtió que eliminarlos sería una «catástrofe total para el país», que quedaría «destruido». El fallo sostiene que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) otorga al presidente amplias facultades en caso de emergencia nacional, pero no incluye de manera explícita la imposición de aranceles generales. Pese a ello, Trump ha recurrido a dicha normativa para establecer tarifas «recíprocas» a casi todos los socios comerciales, además de sanciones específicas contra México, Canadá y China. Desde mayo, el Tribunal de Comercio Internacional ya había determinado que el presidente había excedido su autoridad al aplicar gravámenes de carácter global. En las últimas semanas, varios miembros de su gabinete presentaron argumentos en defensa de los aranceles, señalando que suspenderlos afectaría la política exterior y la seguridad nacional. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, advirtió que el fallo podría «conducir a represalias y al desmantelamiento de acuerdos con socios extranjeros», mientras que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, lo calificó como una «vergüenza diplomática peligrosa». La suspensión de la sentencia hasta mediados de octubre abre un periodo clave para la Casa Blanca, que buscará llevar el caso a la Corte Suprema. Si finalmente se declara la ilegalidad de los aranceles, las empresas afectadas podrían emprender acciones legales para reclamar reembolsos, lo que incrementaría la presión sobre la administración de Trump en un tema central de su estrategia económica y diplomática. Solicitan recortar ayuda internacional Donald Trump, solicitó al Congreso la supresión de 4,900 millones de dólares destinados a programas de ayuda internacional, informó la Casa Blanca. La propuesta, que afecta fondos del Departamento de Estado y de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), llega en un momento clave de negociaciones presupuestarias para evitar la parálisis del gobierno federal a partir del 30 de septiembre. La oficina de presupuesto de la Casa Blanca confirmó que la mayor parte del recorte impactaría directamente a la USAID, agencia absorbida por el Departamento de Estado tras su desmantelamiento. Según el New York Post, la medida amenaza con desatar un enfrentamiento abierto con la mayoría demócrata en el Congreso, que ha advertido que cualquier recorte a fondos ya aprobados bloquearía un acuerdo para evitar el «shutdown». La USAID, considerada la agencia humanitaria más importante del mundo, ha financiado programas de salud y asistencia en emergencias en más de 120 países. Expertos internacionales han alertado que la reducción de recursos podría tener efectos devastadores, en especial en las poblaciones más vulnerables. Un estudio reciente estimó que, de mantenerse el colapso en los financiamientos, podrían registrarse más de 14 millones de muertes adicionales hacia 2030, un tercio de ellas en niños. El mandatario defendió su propuesta al reiterar que «siempre pondrá a EU primero», mensaje difundido por la Casa Blanca en la red X.
