A pesar de que el magistrado presidente Jesús Eduardo Bautista ha considerado que el caso “no es urgente”, sus homólogos Claudia de la Garza y Fernando Galindo le solicitaron una sesión.
Atorado, así es como quedó el juicio para la protección de los derechos político-electorales que promovieron ante el Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León (TEE) los diputados locales de Movimiento Ciudadano por la integración de la Mesa Directiva del Congreso local.
Y es que de acuerdo con fuentes, el magistrado presidente Jesús Eduardo Bautista Peña, ponente del caso, ha manifestado en diversas ocasiones que el tema “no es urgente”.
Sin embargo, estas mismas fuentes revelaron que la magistrada Claudia Patricia de la Garza Ramos y el magistrado en funciones, Fernando Galindo Escobedo, solicitaron el viernes pasado, por escrito, que el magistrado presidente convoque a sesión de resolución cuanto antes para sacar adelante el asunto.
“Solicitamos respetuosamente provea de manera urgente lo conducente en torno a la sustanciación de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con claves JDC-98/2024 y sus acumulados a fin de que se esté en posibilidad de resolver las cuestiones planteadas a la brevedad posible”.
“En ese contexto, estimamos que la problemática presentada ante este Tribunal requiere de su urgente atención y resolución. Al respecto, incluso, el pasado 10 de septiembre el suscrito secretario en funciones de magistrado Fernando Galindo Escobedo, compartí por correo electrónico a las magistraturas y secretarías instructoras un proyecto de resolución para sus comentarios y observaciones; además, también el día de hoy por correo electrónico, quienes suscribimos, le planteamos a usted magistrado presidente una solicitud en el mismo sentido en el cual ahora comparecemos (sic)”, se pudo leer en el documento.
Además, en el escrito se da a conocer que la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Lorena de la Garza, promovió una controversia de inconstitucionalidad ante el Poder Judicial del Estado, mismo que le concedió un acuerdo de suspensión para efectos de que el Tribunal Electoral local no dicte sentencia hasta en tanto no se resuelva el fondo de la controversia.
“El Tribunal Electoral del Estado, sin suspender el procedimiento respectivo dentro del juicio seguido bajo el número JDC101/2024, deberá de abstenerse de dictar sentencia definitiva hasta en tanto se resuelva el fondo de la presente controversia, y por ende se deberán mantener las cosas en el estado en que se encuentran en relación con la integración y funcionamiento interno del órgano parlamentario de conformidad con las determinaciones que el propio pleno del Congreso ha tomado, en específico, la elección e integración de la Mesa Directiva y presidencia del Congreso del Estado llevadas a cabo en sesión el 31 de agosto del 2024”, indica la controversia.
Sin embargo, la fuente señaló que existen jurisprudencias en donde la Sala Superior ha determinado en diversas ocasiones que el Poder Judicial del Estado no es autoridad competente para ver temas electorales.