Internacional

El sector automotor mexicano aún no logra recuperar los niveles de ventas previos a la pandemia de covid-19 La planta de Audi México, ubicada en el municipio de San José Chiapa (Puebla), ha evitado irse a huelga de última hora. El Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México ha llegado un acuerdo con la armadora alemana de aumentar 9,4% el salario de los más de 5.700 trabajadores de la planta, según ha dado a conocer la empresa y la organización sindical. El pacto, sin embargo, no estuvo exento de roces. Durante las negociaciones, los trabajadores amagaron con parar actividades en dos ocasiones y el plazo, que vencía este miércoles al mediodía. Además del aumento salarial, el sindicato pactó un 10% de utilidades de 2022 a repartir en mayo 2023, un incremento de 2,6% en prestaciones y aumento en el aguinaldo de 22 a 24 días de salario, además de otros bonos en especie. “De esta forma, aseguramos la continuidad de sus operaciones, que representa un beneficio común para todas y todos los colaboradores y el desarrollo de la región”, ha mencionado la compañía. Aunque el aumento es mayor al 7,82% de inflación registrada en el país en 2022, la industria automotriz sigue atravesando por momentos difíciles. La comercialización de vehículos ligeros en México sigue sin recuperarse de los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus. Al finalizar el año, se vendieron un millón 86.056 automóviles en el país, un incremento de 7% respecto al 2021, pero 17,5% menos que las registradas en 2019, según datos del Inegi. La planta de Audi es una de las cinco más grandes del país, con una producción anual de más de 137.000 unidades de vehículos de lujo, pero que también ha sido afectada por el desabasto de refacciones y chips para automóviles desde el 2020. Según la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) en México, este déficit ha ocasionado que un aumento de precios entre un 15% y 25% anual.

El nuevo plan de control migratorio de Estados Unidos podría vulnerar los derechos humanos fundamentales, advirtió este miércoles el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk. «El derecho a solicitar asilo es un derecho humano, independientemente del origen de las personas, de su situación migratoria o de la forma en que llegaron a la frontera«, señaló Türk en una declaración. El alto funcionario destacó que estas medidas van «en contra de la prohibición de las expulsiones colectivas y del principio de no devolución». La semana pasada, el Presidente estadounidense, Joe Biden, anunció un nuevo plan migratorio que implica que personas que lleguen de forma irregular a la frontera sean más propensas a ser objeto de expulsiones inmediatas y una prohibición de entrar en territorio estadounidense durante cinco años. Como parte del plan, Biden permitirá el ingreso mensual de hasta 30 mil personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, siempre que cuenten con un patrocinador financiero en el país y lleguen en avión para no sobrecargar a los agentes que patrullan la frontera. La economía estadounidense depende en gran medida de la mano de obra extranjera y Biden prometió a su llegada a la Casa Blanca brindar refugio a los solicitantes de asilo y poner fin a las políticas de su predecesor Donald Trump contra la migración irregular. Muchos migrantes que buscan escapar de la pobreza o la violencia en sus países de origen emprenden una ruta llena de peligros para llegar a territorio estadounidense. En el actual año fiscal, más de 800 personas se ahogaron en el Río Grande que marca la frontera entre Estados Unidos y México, según autoridades fronterizas citadas por la radio pública estadounidense NPR.