Nacional

La mandataria federal Claudia Sheinbaum destacó que la Ley de Amparo busca proteger al pueblo de cualquier acto injusto de la autoridad. La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la reforma a la Ley de Amparo, que aprobó ayer el Senado de la República, tiene el objetivo de continuar protegiendo al pueblo de México frente a cualquier acto injusto de la autoridad, convirtiéndolo en un instrumento más expedito y que permita mayor acceso a la justicia. «Se está protegiendo al pueblo de México frente a cualquier acto injusto de la autoridad, eso no cambia en lo más mínimo; al contrario, se fortalece. ”. Entonces, quien habla en contra de la Ley de Amparo y miente diciendo que ´no se está respetando la retroactividad´, ese derecho constitucional, es mentiroso; o mienten deliberadamente o de plano no han leído y actúan por consigna, la verdad.  Es así de sencillo, llano y claro», puntualizó la Jefa del Ejecutivo Federal en «La mañanera del pueblo». El coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, destacó que es absolutamente falso que la reforma a Ley de Amparo recientemente aprobada sea regresiva y limite la defensa de las personas, ya que lo que se busca es hacer de este recurso jurídico un procedimiento más ágil, más cercano, acortar plazos en trámites y dar paso en materia de justicia digital. «Va a ser una justicia más moderna, más cercana, más accesible, esa es la finalidad primordial del juicio de amparo en esta reforma», agregó.”. Explicó que con esta reforma sigue habiendo una defensa plena de los derechos. Mientras que para acudir a la suspensión se realizaron modificaciones para evitar su abuso para dificultar u obstaculizar el combate al lavado de dinero, así como para proteger a quienes por un error se bloquearon sus cuentas, con la finalidad de no afectar a quienes acrediten el origen lícito de recursos. «El amparo debe proteger los derechos humanos de todas las personas, pero no puede ser instrumento en manos de delincuentes para generar daños», agregó.”. Puntualizó que, en el caso de los créditos fiscales firmes, con la reforma las diferentes etapas del procedimiento de cobro no se pueden impugnar, sino que lo que se impugna es la resolución final, con ello no se afecta la defensa de  particulares, ni de los deudores. Respecto a la retroactividad, hizo hincapié en que, no es válida en materia procesal, es decir, todas las etapas de los juicios de amparo que ya hayan concluido no se pueden modificar.

Calificada por la oposición como «Ley del Desamparo», la reforma fue aprobada en lo general y en lo particular por 83 votos a favor y 38 en contra. En fast track el pleno del Senado avaló y turnó al Ejecutivo Federal el decreto de reformas a la Ley de Amparo, con la modificación introducida por la Cámara de Diputados para precisar que no habrá aplicación retroactiva de la norma, lo cual fue calificado por la oposición como una farsa porque se mantiene la misma y se limita el acceso a la justicia, lo que afectará a los ciudadanos. Calificada por la oposición como «Ley del Desamparo», la reforma fue aprobada en lo general y en lo particular por 83 votos a favor y 38 en contra. La discusión se centró en el artículo tercero transitorio, que fue aprobado en San Lázaro y ratificado por los senadores oficialistas, en el que se establece que las etapas procesales concluidas o que hayan generado derechos adquiridos se regirán por las disposiciones vigentes al inicio de los procesos respectivos; mientras que las actuaciones posteriores a la entrada en vigor del decreto quedarán sujetas a las nuevas reglas procesales. De acuerdo con el dictamen, la modificación busca precisar que la reforma no tiene efectos retroactivos, pues «se trata de una ley procesal» que únicamente aplicará a actuaciones futuras y no afectará derechos adquiridos. Alejandra Barrales (MC), consideró que las modificaciones sólo son una «maroma legislativa», que contradice las propias declaraciones de Sheinbaum, quien reconoció que la iniciativa original no contemplaba ese transitorio. Guadalupe Murguía (PAN), calificó el nuevo marco legal como «Ley de Desamparo» y dijo se debilita al juicio de amparo al restringir la suspensión de actos de autoridad y condicionar su procedencia a criterios más estrictos. Carolina Viggiano (PRI) lamentó el proceso legislativo en fast track y lo calificó de «vergonzoso» al argumentar que las reformas restringen el interés legítimo.