El Senado de la República aprobó la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Con el voto en contra de la oposición, el pleno del Senado aprobó, con algunas modificaciones, la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum que reforma la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Durante un debate de más de cinco horas, la mayoría oficialista aseguró que la reforma otorga mayor certeza jurídica, homologa plazos y garantiza un acceso efectivo a la justicia para las personas, mientras que los grupos parlamentarios del PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano afirmaron que se debilita el juicio de amparo y se deja en la indefensión a la ciudadanía frente a los abusos de poder. Entre los cambios más relevantes a la propuesta destaca la precisión del concepto de interés legítimo, que podrá ser de carácter individual o colectivo, sin que sea necesario que la lesión sea «actual» ni que el beneficio derivado del amparo sea «directo», con lo que se busca facilitar la defensa de derechos colectivos o difusos, sin confundirlo con el interés jurídico. En materia fiscal, la iniciativa define con mayor claridad los medios de garantía para obtener la suspensión en juicios de amparo contra actos de cobro de créditos fiscales firmes. La priista Carolina Viggiano criticó la reforma, al señalar que debilita el acceso a la justicia, restringe la protección de los ciudadanos frente a abusos de las autoridades y favorece a autoridades y grandes intereses. «Van a poder los poderosos, los que quieren saquear a los pueblos indígenas, los que quieren aprovechar nuestros recursos, hacer lo que se les hinche la gana. La iniciativa también abre la puerta a que las autoridades incumplan sentencias con la excusa de que existe una imposibilidad material o jurídica para obedecerla», advirtió.”. Por su parte, Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, presentó una moción suspensiva para detener la discusión, la cual fue rechazada por el bloque oficialista. Afirmó que la reforma carece de mejoras sustanciales, no simplifica su tramitación, no se propone la promoción oral del amparo, no elimina causales de improcedencia que protejan a las autoridades y no fortalece medidas de reparación. La senadora Guadalupe Murguía, de Acción Nacional, coincidió en que la reforma concentra poder en las autoridades, limita la protección a pequeños contribuyentes y debilita la suspensión del acto reclamado. «Imaginemos una persona que tiene una casa y que en esa casa se tiene que construir un parque, por lo que la casa tiene que ser demolida. Entonces, al promover un amparo, el juez, toda vez que se trata el parque de un acto de interés social, no podría decretar la suspensión del acto reclamado. Y entonces el quejoso, aunque gane el amparo, pues ya simplemente la casa está demolida», señaló.”. La oposición denunció la pretensión del senador Manuel Huerta, de Morena, de presentar una reserva para introducir la retroactividad en esta reforma. «Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor el presente decreto continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones que establece este decreto», dice la reserva suscrita por Huerta.”. El senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia y miembro de Morena, afirmó que la reforma es producto de un proceso plural y transparente, con audiencias públicas y la participación de especialistas y sociedad civil. Explicó que moderniza el juicio de amparo mediante herramientas digitales, lo hace más ágil y eficiente, refuerza su carácter garantista y establece plazos claros y sanciones para evitar dilaciones, sin afectar los derechos esenciales. Destacó que la reforma precisa conceptos como el interés legítimo, limita suspensiones en casos sensibles y garantiza que el juicio digital sea opcional, protegiendo la inclusión de quienes no cuenten con acceso tecnológico.
