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Declara senado constitucional la reforma de la Guardia Nacional

Senado de la República sesionará este domingo sólo con legisladores oficialistas para emitir la declaratoria de reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional y la que garantiza plenamente los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, las dos últimas reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador que entrarán en vigor antes de que concluya su mandato. La senadora por Morena Mariela Gutiérrez Escalante destacó la aprobación de la reforma que traslada la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), hasta el viernes, en 21 congresos estatales, y en la de los pueblos indígenas en igual número de legislaturas. Señaló que la polémica que ha intentado generar la oposición sobre la reforma a la Guardia Nacional carece de argumentos sólidos, ya que sólo se basan en supuestos de una militarización del país por el hecho de que formará parte de la Sedena. La senadora por el Estado de México aseguró que esta reforma beneficiará a toda la población. «Esto va a alinear y va a facultar a los elementos para poder actuar a favor de los ciudadanos con mucha mejor preparación y mando, no hay tal militarización». Gutiérrez Escalante agregó que estas reformas forman parte del paquete de 20 iniciativas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero pasado, de las cuales en dos se ha emitido la declaratoria de reforma constitucional.Añadió que la próxima semana se aprobará otra importante reforma para que, bajo ninguna circunstancia, el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual, que ya ha avalado la Cámara de Diputados. La iniciativa, establece que la fijación anual en la revisión de los salarios mínimos nunca estará por abajo en los 249 pesos diarios en la zona libre, y de 374 diarios en la frontera norte, quedó avalado en lo general y en lo particular por unanimidad de 478 votos a favor por parte de todos los grupos parlamentarios. Además el proyecto de ley establece que el salario mensual de las maestras y maestros, policías, guardias nacionales, e integrantes de la fuerza Armada permanente, además de médicos y enfermeras, no podrá ser inferior al promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Avalan que salario mínimo nunca baje de la inflación

La oposición pidió reconocer sus contribuciones a la reforma, pero las reservas fueron rechazadas. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 123 para establecer que el salario mínimo en México nunca estará por debajo de la inflación. El proyecto, que establece que la fijación anual en la revisión de los salarios mínimos nunca estará por abajo en los 249 pesos diarios en la zona libre, y de 374 diarios en la frontera norte, quedó avalado en lo general y en lo particular por unanimidad de 478 votos a favor por parte de todos los grupos parlamentarios. Durante el debate, se interpusieron 123 reservas, entre las que la oposición pidió que en el texto se incluyera un párrafo para reconocer que PRI, PAN, PRD y MC también propusieron reformas en la materia a lo largo de los últimos años.  El dictamen puntualizó que en todos los casos «el salario mínimo nunca estará por debajo de la inflación observada durante el período de su vigencia». Establece además que el salario mensual de las maestras y maestros, policías, guardias nacionales, e integrantes de la fuerza Armada permanente, además de médicos y enfermeras, no podrá ser inferior al promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Al inicio del debate, el diputado Pedro Haces Barba, rodeado por decenas legisladoras y legisladores guindas quienes portaban pancartas con la leyenda «salarios dignos», expuso que desde los años 40´s no habían existido aumentos al salario importantes como los que se han autorizado en esta administración, «lo cual ha significado un crecimiento en un más de 100% en términos reales». Aseguró que la reforma es una realidad. «No podemos dejar de reconocer que en estos cinco años los aumentos salariales se han visto en nuestro país como nunca antes, por eso desde esta tribuna quiero agradecer a nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador los cinco aumentos históricos que hemos tenido en este país», aseveró. Por parte del PRI, la diputada Lorena Piñón Rivera, celebró la reforma, pero pidió que al igual que los maestros, policías, militares, médicos y enfermeros, los paramédicos y trabajadores de protección civil deberían de ser incorporados. «La reforma constitucional que estamos considerando es un paso significativo hacia el reconocimiento justo de profesiones fundamentales para nuestro país. Sin embargo, es nuestro deber asegurarnos de que esta reforma sea verdaderamente inclusiva y refleje la totalidad del espectro de servidores públicos que sostienen el tejido social de México», indicó. En su oportunidad, la diputada de MC, Patricia Mercado, dijo que su partido ha luchado desde 2016, para aumentar el salario de los trabajadores y garantizarles una vida digna para las y los mexicanos. La reforma quedó aprobada entre aplausos y gritos de victoria por parte de una centena de maestros que fueron llevados por Pedro Haces, quienes desde el palco estuvieron entonando vivas en favor de la modificación constitucional. Fue turnada a la Cámara de Senadores para su discusión, y en su caso, aprobación.

Buscan no utilizar a niñas y niños en campañas electorales

La reforma fue promovida por el Partido Verde en la Cámara de Diputados Para no utilizar la imagen de personas menores de edad de manera discrecional en campañas electorales, el Partido Verde en la Cámara de Diputados propuso reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe). De acuerdo con la diputada ecologista Valeria Santiago Barrientos, la reforma busca también que niñas y niños tengan derecho de participación, opinión y libertad de expresión de manera tal que puedan ser consultados y que puedan expresar su opinión y decisión de participar o no en un evento proselitista, siempre con el consentimiento de sus padres o tutores. Indicó que son varios los casos en los cuales los menores son utilizados para participar en la propaganda visual que promueven los partidos políticos, sin que se respete su derecho a la privacidad y mucho menos su derecho de opinión. «De manera reciente hemos visto cómo los menores ahora son utilizados para participar en eventos proselitistas. Ante ello, resulta indispensable reformar la Ley respectiva», dijo la legisladora. En la propuesta se adicionan tres párrafos al numeral 2 del artículo 242 de la citada ley para establecer que «los partidos políticos, candidatos, directivos escolares o profesores deberán de abstenerse de trasladar a actos de campaña a las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en clases en horario escolar». Asimismo, «quedan exceptuados de la anterior prohibición aquellos casos donde se haya expresado el consentimiento por escrito de los padres o de quien ejerza la patria potestad o tutela y se haya escuchado la opinión de la o el alumno». Precisa que «el instituto emitirá los lineamientos para garantizar el derecho a opinar, de expresarse y de participación que les corresponde a las niñas, niños y adolescentes». En el numeral 5 del artículo 247, se precisa que «los partidos políticos deberán abstenerse de utilizar a menores de edad en la propaganda electoral que se difunda por cualquier medio de comunicación electrónico, redes sociales o impreso, ya sea de manera intencional o incidental». También se exceptúa esta prohibición cuando medie el consentimiento expreso de los padres o de quien ejerza la patria potestad o tutela y en este caso también será el Instituto quien emita los lineamientos a seguir. Santiago Barrientos explicó que la ley vigente establece y define de manera particular los derechos a la intimidad, de participación, de opinión y de expresión, los cuales cubren la esfera jurídica de las y los niños, además de estipular muy claramente los presupuestos que conllevan la protección de cada derecho. No obstante, de manera reiterada dentro del ámbito electoral vemos cómo son vulnerados estos derechos. Aclaró que su propuesta no genera impacto económico en el presupuesto de la nación, ya que no necesita recursos para su aprobación, publicación y ejecución.