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La idea es que con eso las autoridades estatales puedan actuar contra las empresas nacionales que no cumplan con la norma ambiental Con el objetivo de resolver la contaminación que azota a la ciudad, diputados del Congreso Local hicieron un llamado al Gobierno Estatal para que suscriba un convenio con la federación para poder actuar en contra de las empresas nacionales que no cumplen con la norma ambiental. Esto lo solicitaron los legisladores luego de que la empresa Ternium provocará un derrame de 250 metros cúbicos de cloruro ferroso y 150 metros cúbicos de agua ácida. Carlos de la Fuente Flores, coordinador de la bancada del PAN dijo que era urgente que el estado actúe en contra de estas empresas a pesar de que sea índole federal. «El Estado puede estar poniendo sanciones directamente a este tipo de presas y urgimos a que la Federación firme un convenio con el Estado, para que le dé facultades a la Secretaría de medio ambiente de poder inspeccionar todas y cada una de las empresas de carácter federal», indicó. Miguel Flores Serna, líder de los legisladores de Movimiento Naranjo dijo que era indispensable que las empresas se hagan responsables de los daños ambientales que ocasionan. «Quién contamine el medio ambiente debe ser sancionado y recordemos que estuvimos pasando semanas complicadas por la contaminación del aire y debemos ser rigurosos con ese tipo de incidentes y espero que esta empresa cumpla con las normas y esté trabajando, arduamente en la neutralización y la limpieza de los daños cuanto antes y nosotros desde la bancada Nuevo León, seguiremos trabajando con el estado», expresó. Tras enterarse de la situación ocasionada por Ternium, Perla Villarreal Valdez coordinadora de la bancada del PRD calificó de grave este problema. «Es un caso grave lo que pasó y definitivamente se tienen que tomar acciones, lo que pasó fue muy grave, además de contaminar un área muy grande porque son varios municipios y definitivamente tiene que haber consecuencias». «Un llamado a Ternium para que ellos informen que se hizo dentro de la empresa para realmente tratar de qué esto no vuelva a suceder y si de por si estamos contaminados en aire, para luego tener estos derrames como el que tuvimos», aseveró. Mario Soto Esquer coordinador de Morena, pidió al estado y a la federación ejercer sanciones por el daño ocasionado. «Es un caso lamentable de la empresa de este daño que está haciendo a un afluente urbano que recorre gran parte de los municipios y de la zona metropolitana, y celebro que Conagua, que es la dependencia que le corresponde ya está trabajando en ello, ya anunció una investigación», mencionó.

Señaló que las modificaciones que se le hicieron a la ley son porque este tipo de herramientas se quedaron muy rezagadas. El Congreso Local le dio un plazo de 90 días a los 51 municipios que conforman al estado de Nuevo León para actualizar sus atlas de riesgo para quienes lo tengan y el mismo plazo para quienes no lo tengan se pongan a trabajar en el mismo. Carlos de la Fuente Flores, coordinador de la bancada del PAN señalo que esto es de suma importancia porque de esta manera estarían evitando futuras tragedias. Señaló que las modificaciones que se le hicieron a la ley son porque este tipo de herramientas se quedaron muy rezagadas. Por lo que ahora, con cambios recién aprobado por el pleno del Congreso, esta documentación tendrá que ser actualizada de manera constante. «Todos los municipios deberán de contar ahora con un atlas de riesgo, aquellos que no lo tangan deberán de hacer lo conducente para tenerlo». «Hay administraciones municipales que ya lo tienen deberán por ley actualizarlo cada 12 años, todos sin excepción». «Esto nos dará certeza de que todos los nuevos fraccionamientos que se vayan construyendo estén validados por algún atlas de riesgo ya existente, porque hay municipios principalmente los rurales que no tienen no siquiera atlas de riesgo existente». «A estos municipios se les esta dando un plazo de 90 días para que inicien la preparación de un atlas de riesgo municipal y que ya todo el crecimiento de los municipios sea mas ordenado, pero sobre todo protegiendo la integridad de los ciudadanos», expuso. De la Fuente Flores celebro este tipo de modificaciones a la ley, ya que la idea es evitar que se presenten tragedias como las que han dejado en años anteriores los fenómenos naturales que azotan a la entidad. «Con estas reformas a la ley habrá certeza ahora de que no se esté construyendo en áreas de alto riesgo y que vayan a poner en riego las vidas de las personas que vayan a adquirir alguna propiedad en riesgo». «Los municipios se tendrán que ir actualizando cada vez que lo haga el estatal, muchos de los municipios tienen más de 20 años sin actualizar esta importante herramienta y la mayoría de los municipios rurales no cuentan con un atlas de alto riesgo», señalo el líder de los legisladores panistas en el Congreso Local.

Donde el diputado local del PAN, Miguel García Lechuga señalo que ayudaría a evitar un desarrollo urbano descontrolado y riesgoso. El Congreso de Nuevo León aprobó diversas modificaciones a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y obligar a todos los muñí a contar y actualizar su Atlas de Riesgo. Lo anterior al señalar que algunos de los ayuntamientos tienen más de 20 años sin actualizar esta herramienta, lo cual ayudaría a evitar un desarrollo urbano descontrolado y riesgoso, de acuerdo a lo que apuntó el diputado local del PAN, Miguel García Lechuga. Tras el impacto en la localidad de la tormenta Alberto, desde el pleno el panista apuntó que en el caso de los ayuntamientos metropolitanos deberá actualizarse cada seis años y en los municipios de la zona rural la temporalidad de actualización será cada 9 años tras la aprobación del dictamen en más de 10 artículos de la citada Ley. Apuntó que con esto se estaría obligando al Estado y a los municipios a mantener actualizados los Atlas de Riesgo, al ser una información fundamental para prevenir tragedias al evitar construcciones y desarrollos en zonas de riesgo que pueden ser factor de tragedias ante el embate de fenómenos naturales. También apuntó que esto obedece al reclamo constante, como la reparación de inmediato de coladeras y registros abiertos que ponen en riesgo a peatones y automovilistas, ya que se contempla exigir materiales de construcción de mayor calidad y más duraderos. “Las modificaciones que hoy sometemos a la consideración de esta Soberanía no son ajustes menores. Representan una respuesta directa y necesaria a las demandas de los y las ciudadanas de todo el Estado por un entorno más seguro, ordenado y justo”, expuso García Lechuga. También impactará a las preventas El también presidente de la comisión de Infraestructura y Desarrollo Urbano, añadió que ahora se contempla una obligatoriedad del alumbrado público, para mejorar la seguridad vial y personal en las calles. Aunado a que también se aprobó sancionar con firmeza a quienes lucren vendiendo desarrollos inmobiliarios sin las autorizaciones correspondientes, como en el caso de las preventas. “Con ello, se brinda certeza jurídica a los compradores y se cierra la puerta a fraudes que tanto daño han causado. “Con estas acciones combatimos la ilegalidad y protegemos el patrimonio de las familias. Este dictamen recoge inquietudes ciudadanas legítimas y las traduce en acciones legislativas concretas. Votar a favor es votar por la seguridad de nuestras familias, por ciudades mejor planificadas, por la protección del patrimonio ciudadano y por un desarrollo urbano que respete la ley y el bienestar colectivo”, agregó el legislador panista.

Miguel Á. Flores Serna solicitó un análisis más profundo de las medidas contra la comida chatarra para garantizar su efectividad y accesibilidad. El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, Miguel Á. Flores Serna, solicito estudiar más las medidas implementadas para la prohibición del consumo de comida chatarra. Lo anterior con el único propósito que las acciones se implementen de manera efectiva y accesible. Esto lo menciono el líder de los diputados del partido naranja, tras una iniciativa que ya se ha puesto en marcha en diversas partes del país.   «Es una medida que definitivamente beneficia la salud de toda nuestra población, especialmente la de niños y niñas».  «Es una buena propuesta, pero necesitamos estudiarla bien para garantizar que se implemente de forma efectiva y accesible». «No podemos apoyar medidas demasiado complejas o que afecten significativamente los bolsillos de las familias», comentó el legislador.   El gobierno federal ha iniciado campañas de concientización y programas para regular la venta de productos ultra procesados, con el objetivo de reducir su consumo y promover una alimentación más saludable.   «Estoy completamente a favor de que los niños tengan una nutrición sana. Sin embargo, debemos considerar cuidadosamente todos los aspectos para que la implementación de estas medidas no afecte de manera negativa a las familias de Nuevo León y que haya un acompañamiento adecuado, con información y opciones claras para los padres de familia», añadió Flores Serna.   El legislador también hizo hincapié en la importancia de generar alternativas que permitan a los padres tomar decisiones informadas sobre la alimentación de sus hijos, así como en la necesidad de apoyar a los comerciantes en la transición hacia productos más saludables.   «Es fundamental crear políticas que no solo informen a los padres, sino que también ofrezcan soluciones claras y viables para que todos los niños, sin importar su contexto socioeconómico, puedan acceder a una alimentación sana y equilibrada», concluyó.