Gobernador interino

Aunque lo dejaron plantado, el gobernador interino tuvo reuniones con alcaldes y estrenó sus redes sociales Fuerza Civil y el Gabinete de Gobierno desairaron ayer a Luis Enrique Orozco Suárez como Gobernador Interino. Luego de asumir el cargo durante los primeros minutos de este sábado 2 de diciembre,  el ex vicefiscal acudió a las instalaciones de la corporación para pase de revista, pero no pudo realizarlo. Momentos más tarde se trasladó a Palacio de Gobierno donde había  convocado a una reunión con Secretarios y directivos; sin embargo nadie acudió y no le abrieron la puerta. En entrevista, Orozco Suárez refirió que permanecerá en funciones hasta que el Congreso Local revoque su nombramiento que incluso fue confirmado por la Suprema Corte de Justicia. De no hacerlo, dijo, caería en desacato. «No ejercer el encargo, abandonarlo injustificadamente sin dar informe a la autoridad correspondiente significa responsabilidad administrativa incluso penal,  y obviamente no voy a incurrir en ello», expuso. «Si yo recibiera una noticia, indicación o determinación, por parte del Poder Legislativo en el sentido de que el cargo que me fue conferido ha sido revocado, la habré de acatar, pero esto no ha sucedido y, por tanto, continúo en el ejercicio del encargo». Minutos antes de las 7: 00 horas, Orozco Suárez hizo presencia en el Campo Policíal número 1 de la corporación estatal, pero no había elementos. A su llegada, momento después,  Comisario de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla, le refirió que no habían sido notificado de su asistencia por lo que se tuvo que retirar. Al salir del lugar, refirió que horas antes  informó de su visita al Secretario de Seguridad en el Estado, Gerardo Palacios Pámanes. «No hubo un solo elemento formado ni había ningún mando en la institución, más tarde llegó el Comisario General, tuvimos un diálogo respetuoso, él estuvo muy dispuesto a ponerse a las órdenes de su  servidor; sin embargo, la tropa no estuvo formada para el reconocimiento correspondiente» Tras el intento fallido, en Palacio de Gobierno se enfrentó a un escenario peor, pues permaneció cerrado. Por más de 30 minutos esperó al exterior del inmueble sin que nadie le diera razón. «(Vine) a una reunión con Secretarios para conocer el estado general que guarda la administración, esta decisión le fue comunicada también por la madrugada al Secretario General de Gobierno, pidiéndole que él fuera el conducto para notificar a las y los titulares de Secretarias, Institutos y Direcciones, (pero) pues el Palacio está cerrado, no he observado a ningún Secretario, ningún titular, seguramente está reunión no será llevada a cabo». «Me voy a retirar de aqui, todo indica que no podré acceder al Palacio porque se encuentra cerrado, me voy a retirar y habré de tomar las siguientes decisiones», expuso. Cuestionado sobre el regreso de Samuel García Sepúlveda, indicó que esperará que el Congreso Local se pronuncie, y se dijo dispuesto a entablar el diálogo. Horas más tarde,  estrenó redes sociales como gobernador interino en las que compartió reuniones con alcaldes de Parás y Agualeguas. «Necesitamos establecer lazos y trabajar de la mano en las necesidades de la gente». «Gracias por recibirme a mi amiga alcaldesa de Parás y mi amigo alcalde de Agualeguas!» «Y ya rumbo a General Treviño, vamos a seguirle que hay mucho por hacer!», publicó.

Organismos civiles y empresarios señalaron que le corresponde al Congreso designar a un ciudadano que cumpla con los requisitos necesarios para asumir el Poder Ejecutivo. Las entidades del sector privado y organizaciones de la sociedad civil realizaron un llamado a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del estado de Nuevo León, pidiendo que se acate la designación de gobernador interino por el Congreso del Estado. A través de un comunicado, expresaron su rechazo hacia cualquier manifestación de violencia derivada de conflictos de poder, ya que estos ponen en peligro la seguridad de las personas y fomentan la inestabilidad gubernamental, como sucedió el pasado miércoles en el Congreso del Estado. “Condenamos de manera enérgica cualquier acto de violencia causado por una lucha entre poderes que pone en riesgo la integridad de las personas y genera ingobernabilidad; los recientes actos suscitados durante la sesión del Congreso del Estado, atentan contra los principios democráticos fundamentales y el ejercicio de un poder soberano. Enfatizamos: ningún tipo de violencia, intimidación o coerción deben presentarse en nuestro estado”, se lee en el comunicado. Asimismo, indican que la reciente sentencia emitida por la Suprema Corte confirma los lineamientos establecidos en la Constitución del Estado de Nuevo León. En caso de solicitud de licencia del Gobernador por un período superior a 30 días, corresponde al Congreso del Estado designar a un ciudadano que cumpla con los requisitos necesarios para asumir interinamente el Poder Ejecutivo. “La Suprema Corte ha emitido una sentencia que conforma lo que establece la Constitución del Estado: ante la solicitud de licencia del Gobernador por más de 30 días naturales, corresponde al Congreso del Estado nombrar al ciudadano que reúna los requisitos correspondientes para que se encargue interinamente del Poder Ejecutivo. “Continuar con la judicialización del caso no es conducente a la civilidad y el diálogo que la ciudadanía de Nuevo León merece”, se lee. Por último, subrayaron el compromiso de estar vigilantes ante las acciones coordinadas de los poderes Ejecutivo y Legislativo, en espera de un cumplimiento de la ley que garantice las condiciones que los ciudadanos merecen.“La sociedad civil y la iniciativa privada que suscribimos estaremos atentos al actuar

Los ediles elogiaron la labor de Luis Orozco como vicefiscal, por lo que confían que realice una buena gestión Los Alcaldes integrantes del Pacto Nuevo León adelantaron que reconocerán a Luis Enrique Orozco como Gobernador Interino, esto argumentando que la Constitución es muy clara respecto a quien le corresponde asignar dicho cargo. «Ya lo determinó el Congreso al Gobernador Interino y nosotros vamos a acatar para no caer en una ilegalidad a partir del primer minuto del día sabado», dijo Daniel Carrillo Martínez, edil de San Nicolás. Carrillo Martínez, señaló que el reconocimiento de Orozco se da en cumplimiento de la ley, ya que de no hacerlo se estaría cayendo en una ilegalidad. Asimismo, puntualizó que a partir del 2 de diciembre, Javier Navarro tendrá que retomar su cargo como Secretario de Gobierno y no fungir como encargado del despacho del Gobierno Estatal. También señalaron que con Luis Orozco al frente del Gobierno Estatal retomarán su participación en la Mesa de Coordinación Metropolitana. «Estamos deseosos de tener una convocatoria para armonizar las estrategias públicas en materia de seguridad», añadió. Los ediles elogiaron la labor de Luis Orozco como vicefiscal, por lo que confían que realice una buena gestión y con ello ayude a disminuir la inseguridad en la entidad. Por su parte, la Alcaldesa de Guadalupe, condenó que el Estado este amagando con utilizar a Fuerza Civil para proteger la designación ilegal de Javier Navarro. Además, sentenció que con este tipo de acciones, lo único que se hace es ahuyentar a inversionistas  «En un Estado en donde el principio fundamental es la paz y la estabilidad, lo que menos están buscando es construir. Con estos problemas realmente cualquier inversionista no invertirá en el Estado», concluyó.

Ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni el Tribunal Electoral ordenaron que el gobernador interino deba ser de Movimiento Ciudadano, y afirman que ningún juez puede anexar consideraciones a esos fallos. La validez del nombramiento del vicefiscal Luis Enrique Orozco, para que asuma como gobernador interino, es materia electoral, por lo que ninguna otra autoridad que no sea la Sala Superior del Tribunal Electoral podrá tener la última palabra en la gobernabilidad de la entidad. Así lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). “El Pleno de la Suprema Corte ha considerado que los nombramientos de gobernador o gobernadora, con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho, corresponden a la materia electoral, es decir, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, indican las resoluciones. En la sentencia del pasado 15 de noviembre de la Sala Superior donde se resolvieron las impugnaciones al nombramiento del primer gobernador interino, se tumbaron los acuerdos de admisiones y suspensiones otorgadas por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. Pues las magistraturas estipularon que estos tribunales “carecen de competencia para conocer controversias de índole electoral” y sus resoluciones “carecen de validez”. Por lo que, a pesar de que Samuel García, precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República y hasta este viernes gobernador en funciones de Nuevo León, acuda a jueces locales o federales a interponer amparos o impugnaciones ante el segundo nombramiento del Congreso para la gubernatura interina, éstas podrían resultar inválidas e incluso caer en desacatos ante las determinaciones del TEPJF. De igual forma, tanto el incidente de suspensión emitido por el ministro de la SCJN, Javier Laynez, como en la sentencia definitiva de la Sala Superior, quedó establecido que es facultad exclusiva del Congreso de Nuevo León nombrar a la persona que se quedará al frente del Gobierno local, mientras Samuel García se ausenta al proceso electoral. Pues la Constitución local establece que “en caso de que la ausencia sea mayor a treinta días naturales, será el Congreso del Estado quien habrá de designar una gubernatura interina”. Y aunque García Sepúlveda ha insistido en que la Sala Superior ordenó que el interino debe ser de MC, esto no forma parte de la sentencia. Se trata de unos párrafos de los votos razonados que emitieron los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata Pizaña, en donde incluyen reflexiones, opiniones y argumentos sobre los alegatos de Samuel sobre el respeto a la voluntad ciudadana, pero que no fueron votados ni respaldados por el pleno de la Sala Superior, por lo que no forman parte de los acuerdos de la sentencia ni surten efectos para que las autoridades locales lo acaten. Incluso, en el propio voto razonado de ambas magistraturas, reconocen que el ministro de la SCJN determinó que es facultad exclusiva del Congreso y no del gobernador la designación, sin que se incluyeran requisitos para que el legislativo local tomara dicha decisión. Sobre la elegibilidad del vicefiscal nombrado por el Congreso, también será analizado por el TEPJF. Sin embargo, el Artículo 118 de la Constitución de Nuevo León que indica todos los cargos restringidos para ocupar la titularidad del Ejecutivo de esa entidad, no menciona a vicefiscales, solo al fiscal General del Estado, al fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y al fiscal Especializado en Delitos Electorales.