Jueces

Además, enfatizan que ir a una campaña sería convalidar la reforma que está cortando su carrera judicial. Más de 400 jueces y magistrados perfilan declinar su participación en el proceso electoral de 2025, en el que se elegirá a los juzgadores por voto popular, luego de la insaculación, conocida como tómbola, que realizó el Senado con un listado de 464 magistrados de Circuito y 386 jueces federales. Fuentes judiciales consultadas señalan que jueces y magistrados analizan sostener un encuentro esta semana y declinar antes del cierre de la convocatoria, con independencia de ser del periodo electoral de junio de 2025 o de 2027. En entrevistas, diversos jueces y magistrados explican que no ven condiciones para seguir en este proceso precisamente porque muchos de ellos actualmente son los titulares. Además, enfatizan que ir a una campaña sería convalidar la reforma que está cortando su carrera judicial. Bermúdez Manrique, magistrado de Circuito Segundo Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Décima Región, argumenta que los otros poderes y el Ejecutivo, en particular, desde hace seis años han desarrollado una estrategia clara para desprestigiar a los juzgadores. Además, en la boleta se va a señalar incluso si el candidato es juez o magistrado en activo y, con respecto de los otros candidatos, qué poder los propuso. Comentó que también declinará porque la reforma ha creado un sistema donde no habrá garantías de independencia para juzgar. Considera que es un sistema diseñado para cooptar la justicia con el objetivo de ser controlada por el Legislativo y Ejecutivo, un sistema que tendrá un tribunal inquisitivo que sancionará a los juzgadores que resuelvan contra los poderes políticos o fácticos,  lo que afectará las libertades y los derechos humanos de todos los mexicanos. El magistrado Rosas Baqueiro, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Ciudad de México, en la carta de declinación que envió al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) externa que el someter su cargo a una elección viola la Constitución en los derechos fundamentales y convencionales de no regresividad, de irretroactividad y de división de poderes. Detalla que no entiende por qué, a pesar de que existen impugnaciones contra la ilegal reforma, se tenga que participar en un proceso electoral envenenado de raíz. La jueza Quinto de Distrito Especializada en Ejecución de Penas con sede en la Ciudad de México, explica que declinó participar porque no es una manera justa de elegir a las personas que se van a encargar de resolver cualquier reclamo de justicia. Dice que se debe impartir una justicia más humanizada y para lograrlo no puede ser un tema de azar como la tómbola y tampoco es suficiente para ejercer el cargo que sólo se requiera haber terminado la carrera, contar con título y cédula, sin edad mínima ni antigüedad, por lo que lo puede desempeñar una persona recién egresada de la licenciatura, que en promedio será de 24 años. El juez Medel Casquera, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente, quien es uno de los afectados por la tómbola señala que con estas acciones están cortando una carrera profesional, así como un plan de vida que tenía estructurado. Dijo que va a esperar la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la reforma al Poder Judicial para tomar la decisión de si participa o no en la convocatoria.

La elección de mil 600 jueces, magistrados y ministros que prevé la iniciativa presidencial de reforma judicial tendrá un costo. La elección de mil 600 jueces, magistrados y ministros que prevé la iniciativa presidencial de reforma judicial tendrá un costo aproximado de entre tres mil y tres mil 500 millones de pesos, informó el líder de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal. Durante la tercera jornada de los diálogos nacionales, que abordó los temas de «la austeridad, los fideicomisos y los derechos de los trabajadores», el legislador dijo que parte de esos recursos se tomarán de los 23 mil millones de pesos que hay en 13 fideicomisos del Poder Judicial que Morena considera ilegales y que serán reintegrados a la Tesorería. Con la presencia de la gobernadora del Edo. de México, Delfina Gómez, representantes de Morena enarbolaron la consigna de que la austeridad es una política de Estado que han asumido la mayor parte de las instituciones, con excepción del Poder Judicial de la Federación y órganos autónomos. Destacó que la propuesta de reforma contempla que los ministros de la Suprema Corte que se retiren ya no gozarán de la onerosa pensión vitalicia ni del «haber de retiro» que reciben una vez que dejan el cargo. «El total del sueldo tabular de los ministros es de 300 mil pesos aproximadamente, que se integra por sueldo base más compensación garantizada y previsión social. El haber contempla también el aguinaldo de 568 mil pesos, que representan 40 días de sueldo a pesar de ya no estar en activo, un seguro de vida por 12 millones de pesos para los ministros y sus cónyuges. «Además, se contempla un pago por defunción de un millón 189 mil pesos y ayuda para gastos funerarios, un pago por riesgo de 640 mil; durante los primeros años la prima vacacional es de 95 mil 474 pesos, que representan 10 días de sueldo durante los primeros años», detalló. El senador señaló que a pesar de estar en retiro, cuentan con personal de apoyo, incluidos dos choferes y tres técnicos, además de cinco agentes de seguridad, así como dos vehículos blindados, con un costo total de seis millones de pesos. El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Ricardo Sodi Cuéllar, destacó la carencia de personal en los poderes judiciales de los estados, por lo que sostuvo que el debate debería ser en favor de las personas juzgadoras y de mejores condiciones para su trabajo. Remarcó que en promedio, las entidades cuentan con sólo 4.6 jueces por cada 100 mil habitantes y el Estado de México solo 2.8, cuando el estándar a nivel internacional es de 18 jueces. «El debate debe ser en favor de la suficiencia presupuestal y la racionalidad del gasto, además de su aplicación oportuna, transparente y eficiente», subrayó. El diputado Reginaldo Sandoval planteó que este año, la Suprema Corte tiene un presupuesto de 5 mil 787.2 millones de pesos: «Si divides este presupuesto entre 11 ministros les tocan 526 millones 109 mil 90 pesos. Si lo divides».