Migrantes

En algunas regiones del país, los envíos monetarios representan hasta el 80% del ingreso familiar. Alcaldes, líderes de organizaciones de migrantes y senadores han expresado su preocupación por las carencias en la atención a los municipios expulsores de mano de obra, especialmente ante la amenaza de deportaciones masivas del gobierno de Donald Trump.  En un contexto en el que muchos de estos municipios dependen económicamente de las remesas enviadas por migrantes, la falta de un plan integral para el empleo, la salud y la educación de los deportados podría generar una crisis social y económica en varias regiones del país. El temor es especialmente grave en municipios de estados como Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Oaxaca, donde se concentra un alto porcentaje de la población migrante.  Estas regiones, que son grandes receptoras de remesas, estarían en alerta ante la posibilidad de que más de 500 mil mexicanos sean deportados anualmente.  Mientras que las remesas, que en algunas zonas representan hasta el 80% del ingreso familiar, son cruciales para la subsistencia de miles de familias. De acuerdo con un estudio de BBVA, las remesas equivalen a más del 50% del ingreso bruto en al menos 11 entidades federativas.  En Michoacán, Guanajuato y Zacatecas, las remesas son especialmente significativas, cubriendo porcentajes que superan el 70% del ingreso estatal.  Las autoridades locales temen que una reducción de estos flujos afecte gravemente la economía de sus comunidades, que sobreviven gracias a estos envíos monetarios. La alcaldesa de Satevó, Chihuahua, Norma Muñoz, señaló que muchos municipios enfrentan dificultades para atender a la población deportada, especialmente en términos de salud y educación. Además, destacó que la falta de programas como el «3 por 1», que hasta 2018 ayudaron a generar empleos con recursos de las remesas y del gobierno, ha dejado a muchos municipios sin incentivos económicos para afrontar los posibles efectos de la deportación masiva. Por su parte, la alcaldesa de Salvador Escalante, Michoacán, María Dayana Pérez, expresó que los recursos disponibles son insuficientes para atender a los deportados.  Aunque se han implementado programas como México Te Abraza y Cuarto Rosa, aún no se cuenta con un diagnóstico claro sobre el número de migrantes michoacanos que podrían ser afectados.  Además, no existe una estrategia definida para la integración de los deportados en el sistema educativo o laboral. El senador Mario Vázquez Robles, presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado, también advirtió sobre las consecuencias de la caída de las remesas. Según el legislador, la pérdida de estos ingresos podría generar un aumento en la pobreza, el desempleo y la violencia, lo que afectaría gravemente a las economías regionales. 

La amenaza de deportaciones de personas indocumentadas en Estados Unidos se va a concretar, aunque no se sabe si total o parcialmente, porque Donald Trump ganó la elección presidencial, en parte, con ese discurso agresivo e insistente, y algo tiene que hacer para demostrarle a los electores que votaron por él que les cumplirá, aseguró Raúl Guillermo Benítez Manaut, académico de la UNAM. «La relación bilateral será difícil y problemática si Estados Unidos pretende sacar de su territorio, además de mexicanos, a hondureños, salvadoreños, nigerianos, haitianos o venezolanos. El impacto para sitios como Ciudad Juárez o Tijuana será considerable; el gobierno de México tendrá que discutirlo y de alguna manera negociar», dijo. Desde su óptica, los principales temas conflictivos entre México y EUA serán: migración; comercio; así como combate a las organizaciones criminales y al tráfico de drogas. Se sumarán otros, como el ambiental. Precisó que las deportaciones masivas le podrían costar a Estados Unidos 80 mil millones de dólares en total, más de lo que  mexicanos en el vecino país mandan a nuestro país por concepto de remesas, que es de aproximadamente 60 mil millones de dólares cada año. Y en caso de una deportación masiva de connacionales, podría bajar significativamente ese monto, a 40 mil millones o 30 mil millones. El académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, de la UNAM, señaló que en la Unión Americana se debate el uso del Ejército para implementar el plan de deportaciones masivas, luego de estudios cuantitativos. El académico de usar al Ejército de EU para la tarea, lo cual sería legal si el próximo mandatario emite una Orden Ejecutiva (sin necesitar la autorización del Congreso, incluso con el apoyo de la mayoría de la Cámara de Representantes y del Senado), aunque ello iría en contra de la costumbre de no emplear a los militares para ningún tipo de situación de seguridad interna. Ante las circunstancias, Trump plantea declarar una emergencia nacional y utilizar a una institución profesional que tiene bastante experiencia de combate fuera de su territorio, pero no dentro, y que sólo ha auxiliado a la población en momentos de desastres provocados por fenómenos naturales, como el huracán Katrina en Nueva Orleans, en 2005. Solo con una acción masiva militar podrían efectuarse redadas; se habla de ir a los centros de trabajo a buscar personas inmigrantes, por ejemplo, obras de construcción o el campo. Se habla de que, en algunos estados como California, en algunas actividades económicas hasta un tercio de esos empleados no tiene papeles. Los trabajadores sin documentos en Estados Unidos, pueden llegar a ser aproximadamente 15 millones de personas, alrededor de la mitad son mexicanos. En contraste, opinó el investigador, Benítez Manaut, que un grupo difícil de capturar son las mujeres que trabajan a nivel individual en el servicio doméstico; ir casa por casa sería muy difícil y costoso, una persecución casi personal, por lo que quedaría descartada, pues la gente se molestaría.