SCJN

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Lenia Batres fue interrumpida. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Lenia Batres fue interrumpida por supuestos integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF), durante el foro informativo sobre la reforma judicial. En el kiosco del parque de la colonia Agrícola Oriental un grupo de personas le gritaron «¡Mentirosa!», «¡No te queremos en la Corte!», «¡Hay que estudiar primero!», mientras los simpatizantes de Morena exclamaron «¡Fuera!», «¡Respeto!», «¡No está sola!, «¡No está sola!». La ministra aprovechó para saludar a los trabajadores del PJF, «les pido un aplauso», dijo; los supuestos servidores públicos le respondieron que le debería dar vergüenza, y el moderador del evento expresó a los inconformes que habría un espacio de preguntas y respuestas. Sin embargo, continuaron con los reproches y se retiraron. En el discurso, Batres Guadarrama manifestó que no sólo es necesario que los impartidores de justicia tengan una formación académica y experiencia. «Lo más importante es que no perdamos la capacidad de indignarnos con la injusticia y tengamos el sentido común de resolverla». Consideró urgente que se democratice el PJF y dijo que se requieren ministros, magistrados y jueces que tengan sensibilidad. «Para esta reforma constitucional es preciso la participación de todos… nos toca, sí, claro que nos toca opinar. No a los que están dentro del Poder Judicial, nos toca a todos. «El Poder Judicial es un poder público que debe servirle a la sociedad mexicana… Ese es el Poder Judicial que queremos», expresó acompañada del diputado federal por Morena Hamlet García Almaguer y el maestro en Derecho, Federico Alcalá. La ministra destacó que la reforma es necesaria no sólo para elegir por voto popular a quienes imparten justicia, también para hacer que en el PJF se respete el límite salarial para funcionarios. Remarcó que es urgente que se hagan públicas las sesiones privadas de la SCJN, en las que se discuten y acuerdan temas relevantes como los amparos contra la Ley de la Industria Eléctrica. La ministra recordó otros fallos recientes de la Corte, como el que negó la protección de la justicia federal en contra de la invasión de terrenos del vaso del lago de Chapala, en Jalisco; o donde rechazó revisar el amparo de un extrabajador de la Ruta 100, quien pedía se le otorgara una pensión por edad y años de servicio. Expresó que más de 2 mil 300 personas dentro del PJF perciben más salario que el Presidente y quienes se supone deben proteger que se respete la Constitución son los primeros en violarla. Comentó que la reforma al PJF básicamente aborda varios puntos: la elección de ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas y jueces federales, un universo de alrededor de mil 800 personas, se busca que se elijan por el voto popular. «En realidad se plantea que proponga 10 candidatos el Poder Judicial, 10 candidatos el Legislativo y 10 candidatos el Ejecutivo, con lo que se hacen 30 candidatos, sobre 30 candidatos se plantea escoger a nueve ministros. Todavía está por definir a los magistrados y jueces. «No se modifican los requisitos técnicos: ser licenciado en Derecho, tener 10 años de experiencia en el ejercicio de la profesión, no haber sido secretario de Estado, legislador, gobernador en los dos últimos años, tener buena fama pública», expresó.

Desde su anuncio, la mayoría del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde su anuncio, la mayoría del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha plantado cara a la reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, que volvió al centro del debate luego de la intención presidencial de aprobarla en septiembre próximo, tras el contundente triunfo de Morena el 2 de junio. En diversos foros y espacios, realizados desde noviembre pasado a la fecha, los ministros centraron su rechazo al plan de que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto directo de la ciudadanía, al considerar que esta medida rompería con la colaboración entre poderes y la estabilidad en el cargo de los juzgadores. Uno de los más férreos críticos a la propuesta, que fue abierta al diálogo nacional por la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, ha sido el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien en abril pasado advirtió de una regresión a la época cardenista si se modifica la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. «Modificar la estructura de la Corte para pensar en una nueva recomposición, como lo hizo el general Cárdenas en su momento dado, es para que estén en la Corte únicamente y exclusivamente los que tengan esa visión electoral, entonces eso sí me preocupa», expuso durante un foro organizado en abril por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Quien fuera presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, cuando López Obrador fue jefe de Gobierno, afirmó que la propuesta representa un experimento que no ha tenido buenos resultados en otras latitudes. «Se nos dice que la elección popular no implica la adscripción partidista, pero no queda claro cómo puede extraerse la elección de la marea de retórica que envuelve a esta última; se nos pide abandonar el progreso de décadas por la incertidumbre de un experimento cuyos resultados en otras latitudes no ha sido, desde mi punto de vista, particularmente afortunado», criticó Incluso fue más allá al manifestar que «hay que estudiar lo que pasó en la Alemania nazi para entender lo que puede pasar si no se respeta la democracia, si no se respeta a los poderes judiciales y la posibilidad de lo que se construyó en 30 años quede para la historia». Antes, en el marco del 107 Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, celebrado el 5 de febrero en Querétaro, el ministro Alberto Pérez Dayán dejó en claro que «el magistrado no es igual al diputado o al senador: el magistrado es radicalmente distinto; él no va en el ejercicio de sus funciones a representar a la opinión; no va a representar a nadie; no lleva el criterio del elector, lleva el suyo propio; simplemente se le nombra como persona en la cual se cree que se reúnen ciertos requisitos indispensables para llenar una función social», citando las palabras del constituyente Paulino Machorro y Narváez. En noviembre del año pasado, durante la Feria Internacional de Libro de Guadalajara, la ministra Loretta Ortiz Ahlf, propuesta para el cargo por el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que los abogados que necesita la Corte tienen un perfil específico que no se alcanza en las urnas. En el mismo foro, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, señaló que el Poder Judicial de la Federación (PJF) debe estar integrado de manera distinta a los representantes populares. «El Poder Judicial tiene una confirmación y debe ser integrado de manera distinta: a través de los representantes populares, con garantías, colaboración de poderes y demás. Cuando lleguen los jueces electos popularmente, ¿van a necesitar mantener ese apoyo popular o van a ser removidos? «Si van a necesitar mantener ese apoyo popular, ¿eso va a condicionar sus decisiones?», subrayó. A diferencia de la mayoría del pleno, las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama solamente se han pronunciado sobre la urgencia de una reforma estructural al Poder Judicial de la Federación, pero nada respecto a la elección de jueces. «Hoy la sociedad desconfía de la justicia y ante este diagnóstico es necesario reflexionar sobre la pertinencia y la urgencia de una gran reforma estructural de los poderes judiciales, tanto federales como locales, para, así, asumir con el texto constitucional y servir mejor a nuestro país en una sociedad», consideró Batres Guadarrama. Por su parte, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, aseguró que el Máximo Tribunal no cederá «ni un milímetro en lo avanzado por nuestra democracia constitucional a favor de la independencia judicial». Para el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, la «función judicial implica decidir interpretando la Constitución de lo que corresponde en derecho y en justicia, lo justo, y no necesariamente la decisión más popular ni la más política. De ahí la naturaleza del Poder Judicial como árbitro, contrapeso y como órgano contramayoritario». «Yo creo que nadie quiere regresar al régimen de 70 años de hegemonía de un partido único que controlaba a los demás poderes», expuso por su lado el ministro Javier Laynez Potisek.

«El que no es independiente es el mandadero de alguien», expresó. «Si no hay Suprema Corte independiente que haga respetar la Constitución y los derechos humanos, esto está acabado, entraríamos en una etapa de autoritarismo irremediable», afirmó el ministro Luis María Aguilar. En entrevista para la revista «Abogacía» realizada en mayo y publicada el pasado 3 de junio, el ministro destacó que la Corte es fundamental en la vida de México, en la democracia y la división de poderes, ya que sin ella la Constitución terminaría siendo un «libro bonito». Luis María Aguilar, además de hablar de su larga trayectoria en el Poder Judicial, insistió en que la independencia es la clave de todo juzgado. «El que no es independiente es el mandadero de alguien», expresó. Indicó que un juez debe de enfrentarse a las presiones, pero señaló que la Constitución es la única que debe decir cómo hacer las cosas. Manifestó que a lo largo de su trabajo, jamás habló con un juez o magistrado para intervenir en sus decisiones, «si lo hace mal, se les tiene que sancionar, pero es su responsabilidad». Morena y el Plan C de AMLO Pese a que las declaraciones del ministro fueron previas a las elecciones del 2 de junio, en las que el oficialismo salió victorioso en el Congreso, ahora se vislumbra la posibilidad de que avance el Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que se incluyen cambios al Poder Judicial. Hace unos días el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, anunció que la Reforma al Poder Judicial del presidente, que plantea elegir ministros y jueces por medio del voto ciudadano, se discutirá y votará los primeros días de septiembre próximo, una vez que se instale la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión. Tras dichas declaraciones, el senador Ricardo Monreal aseguró que pese a que sean mayoría calificada habrá diálogo y que no habrá ningún tipo de reformas a «raja tabla». «No nos vamos a precipitar, vamos a platicar y conversar con todos los sectores, aprobaremos las reformas constitucionales que sirvan a la población y a la gobernabilidad, la propia virtual presidenta, aseguró que se reunirá con López Obrador para dialogar sobre las 18 reformas que se plantearon en la Cámara de Diputados. «A pesar de que seamos mayoría calificada, habrá en México un ejercicio de diálogo, de ponderación, de prudencia, no actuaremos de manera autoritaria o imponiendo recetas que afecten la convivencia y la confianza en México, que ahora está muy alta», expresó.