SCJN

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, retiró su proyecto de sentencia en el que propone anular la extinción de 109 fideicomisos aprobada por Morena, PT y Partido Verde, en 2020, para su revisión. Al iniciar el análisis del tema en la sesión del martes, el ministro informó que recibió observaciones de algunos de sus homólogos del pleno del máximo tribunal, que lo obligan a estudiar de nueva cuenta el proyecto. «En días recientes he recibido comentarios por escrito de algunos de mis compañeros, mismos que me veo obligado a estudiar; por lo tanto, retiraría el proyecto para estudiarlo a la brevedad posible y poder presentarlo nuevamente», indicó el juzgador. En consecuencia, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la SCJN, determinó que el asunto se retira del pleno y queda en espera de ser incorporado a la lista del orden del día, una vez que esté listo para su revisión. En su proyecto, Gutiérrez Ortiz Mena propone dar la razón a los senadores y declarar procedente y parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad que senadores de oposición presentaron contra el decreto mediante el cual se eliminaron 109 fideicomisos, entre los que destacan el Fondo de Ciencia y Tecnología, Fondo Investigación Ambiental, Fondo para el Cambio Climático, Fondo Minero, Fondo para la protección de personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas, Fondo de Desastres Naturales, Fondo de la Financiera Rural, Fideicomiso Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE) y Fondo de apoyo social para extrabajadores migratorios mexicanos. En noviembre del año pasado, senadores del PAN, Movimiento Ciudadano, PRI, PRD y del Grupo Plural, que conformaron el llamado bloque de contención, impugnaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la eliminación del centenar de fideicomisos, misma que le tocó conocer al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Constitucionalistas han advertido que el juicio político promovido por el exministro Arturo Zaldívar. Constitucionalistas han advertido que el juicio político promovido por el exministro Arturo Zaldívar en contra de la presidenta de la SCJN, Norma Piña, carece de sustento jurídico y parece ser más una acción de revancha política. Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y profesor de la UNAM, señaló que esta medida parece ser una respuesta al inicio de una investigación en su contra por parte del PJF. Respaldó la actuación de Piña al admitir denuncias anónimas, asegurando que están reguladas por un acuerdo general aprobado durante el mandato de Zaldívar. En su opinión, la petición de juicio político está fundamentada en términos constitucionales, pero carece de argumentos sólidos para probar la responsabilidad de Piña. José María Soberanes Díez, profesor de Derecho Constitucional, consideró que se trata de un golpe político-electoral, sin sustento probatorio. Afirmó que es una revancha por parte de Zaldívar, quien se queja de una denuncia sin pruebas mientras hace lo mismo. Soberanes Díez recordó que nunca se ha concluido un juicio político en México desde 1917 y destacó que Morena y sus aliados no tienen mayoría calificada para destituir a Piña. Javier Martín Reyes, doctor en Derecho Constitucional y Electoral, coincidió en que el juicio tomó un sesgo político desde que Zaldívar lo anunció junto al presidente nacional de Morena.

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, advirtió que no se cederá ni un milímetro en lo avanzado a favor de la independencia judicial. En el marco del Día del Juzgador y la Juzgadora Mexicanos, en la que entregó reconocimientos a jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF), rechazó de forma tajante que la función jurisdiccional se vea afectada por cualquier influencia interna o externa ajenas al derecho. «No cederemos ni un milímetro en lo avanzado por nuestra democracia constitucional a favor de la independencia judicial», indicó. «Rechazamos tajantemente que nuestra función se vea afectada por cualquier influencia interna o externa ajenas al derecho. Es, desde nuestro profundo compromiso con los derechos y libertades de los mexicanos, que no cederemos ni un milímetro en lo avanzado por nuestra democracia constitucional a favor de la independencia judicial», dijo durante la ceremonia celebrada en la sede de la SCJN. Ante ministros del pleno de la Corte y el ministro jubilado Ulises Sergio Schmill Ordóñez, Piña Hernández reiteró que la independencia judicial no es un privilegio de los impartidores de justicia, sino un derecho de los justiciables. «La justicia pacifica el conflicto, pero también humaniza, edifica y enaltece a la sociedad. Hay que honrarla, hay que preservarla, nos corresponde a las y los juzgadores de México impartirla con honradez, con plena convicción, con excelencia, con la mayor firmeza y con absoluta lealtad nuestra Constitución», señaló. En tanto, el ministro Jorge Pardo Rebolledo pidió a los jueces analizar los casos sin ninguna tendencia, prejuicio o idea preconcebida. «Nunca debe influir en el ánimo de la persona juzgadora el agradar o quedar bien con nada ni con nadie, así como tampoco buscar como objetivo el reconocimiento, el aplauso o la promoción personal. Quienes nos hemos formado en la vocación de juzgar sabemos que siempre quedará alguien insatisfecho con nuestras decisiones, que en ocasiones a quienes no se les da la razón, en un fallo, reaccionan insultando o descalificando a quien juzga», indicó. El ministro dijo que impartir justicia con independencia es condición necesaria para el ejercicio de las libertades, pero a la vez, la justicia no es viable sin libertades, sin paz y, particularmente, sin un régimen democrático. «La persona juzgadora debe constituirse como garante de neutralidad e imparcialidad en la decisión de una controversia», añadió Jorge Pardo.