SCJN

Los recursos fueron transferidos a la Tesorería de la Federación por disposición legal. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, eliminó la Dirección General de la Tesorería del Alto Tribunal, que se encargaba, entre otras cosas, de gestionar los apoyos médicos y las pensiones del personal con recursos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), que se extinguieron por mandato de la reforma judicial. Mediante acuerdo publicado el viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), Piña Hernández señaló que la transferencia de los fideicomisos, que tenían un monto de 10 mil 260 millones de pesos, a la Tesorería de la Federación, prevaleciendo la obligación de cubrir las pensiones y prestaciones médicas, le resta atribuciones a dicha oficina. Por lo que consideró necesario desaparecerla para unificar los procesos operativos, financieros y presupuestarios durante el proceso de transición que vive actualmente el máximo tribunal del país, derivado de la reforma judicial. De esta manera, las funciones de la Dirección General de la Tesorería pasaron a las Direcciones Generales de Presupuesto y de Recursos Humanos. «Con el objeto de que los procesos operativos, financieros y presupuestarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean integrados en un esquema unificado dentro del proceso actual de transición, que optimice los esfuerzos y fortalezca los mecanismos de control presupuestal y contable, se considera necesario extinguir a la Dirección General de la Tesorería y redistribuir las atribuciones de las materias señaladas en la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad», indicó la ministra en el acuerdo. Señaló que por lo que hace al proceso de atención de pensiones y prestaciones complementarias, así como los recursos con los que se operaba en la Dirección General de la Tesorería serán integrados a la Dirección General de Recursos Humanos. «Con esta redistribución de atribuciones, se busca que en los procesos se reduzcan los tiempos de gestión, se fortalezca la transparencia en el ejercicio del presupuesto, y se potencialice la coordinación y comunicación para su adecuada ejecución», expuso. De acuerdo con lo establecido en la reforma judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación transferirá al Órgano de Administración Judicial, que entrará en vigor una vez que sus integrantes asuman el cargo, los recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales de la Oficialía Mayor con sus direcciones generales. «La Dirección General de la Tesorería le correspondía gestionar ante el fiduciario los apoyos económicos del plan de prestaciones médicas autorizadas por el Comité correspondiente y en aquellos casos de los demás fideicomisos en que se requería, además de otras atribuciones afines relacionadas con la administración y control del otorgamiento de pensiones complementarias y apoyos médicos previstos en las Condiciones Generales de Trabajo, originalmente sostenidos con recursos de diversos fideicomisos; sin embargo, por mandato del segundo párrafo del Transitorio Décimo del Decreto de reforma del Poder Judicial referido, se encuentran en proceso de extinción dado que la totalidad de sus recursos remanentes, productos y aprovechamientos derivados de los mismos han sido enterados a la Tesorería de la Federación, prevaleciendo la obligación de cubrir las pensiones y prestaciones médicas complementarias con recursos presupuestales como se instruye en el párrafo primero del transitorio Décimo del Decreto de referencia, circunstancia que, en conjunto, le resta atribuciones a la Dirección General de la Tesorería«, señala.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación aplicará sanciones a quienes utilicen la inteligencia artificial como herramienta para hacer delitos. Por cinco votos contra cuatro los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinaron aplicar sanciones penales severas por delitos que se cometan utilizando inteligencia artificial (IA). El Máximo Tribunal del país negó anular una reforma de abril de 2024 al Código Penal de Quintana Roo, que establece el uso de inteligencia artificial como agravante general. El artículo 20 Bis del código de esa entidad señala que a quien haga uso de la inteligencia artificial como herramienta o medio para la realización de hechos constitutivos de delitos contemplados en ese Código Penal, se le aumentarán las penas previstas en el delito que fuese realizado hasta en una mitad más. La ministra ponente, Loretta Ortiz Ahlf, planteó declarar fundado el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Poder Ejecutivo, que solicitó invalidar la reforma, al considerar que existen violaciones al principio de taxatividad en materia penal, por la falta de claridad y certeza sobre lo que debe entenderse por inteligencia artificial. También planteó imposibilitar que las personas destinatarias de la norma y las operadoras jurídicas conozcan con certeza y razonabilidad la forma en que dicho medio comisivo se concretaría en relación con cada una de las conductas tipificadas, que genera incertidumbre y falta de seguridad jurídica. «El proyecto que pongo a su consideración propone declarar fundado el concepto de invalidez planteado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el que sostiene que el artículo 20 bis del código para el estado libre y soberano de Quintana Roo es contrario a los principios de seguridad jurídica y de legalidad y es su vertiente de taxatividad, pues el concepto de inteligencia artificial no es claro ni preciso», detalló.”. Invalidan artículos de la Ley de Archivos La Suprema Corte declaró la invalidez de los artículos 97, 111, fracción IV, 117, 118 y 119 de la Ley de Archivos del Estado de Durango, al resolver la acción de inconstitucionalidad 99/2024 y su acumulada 103/2024, promovidas por el Instituto Nacional de Transparencia (Inai) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).  La Corte consideró que las disposiciones impugnadas transgreden principios constitucionales, entre ellos, la autonomía institucional y el derecho a la igualdad y no discriminación. El Inai cuestionó la posibilidad de que la Secretaría de Finanzas y Administración estatal propusiera al Ejecutivo local la extinción del Archivo Estatal, al considerar que ello vulnera su autonomía.   También impugnó la integración del Consejo Estatal de Archivos y los requisitos de elegibilidad, señalando que estos limitaban derechos humanos. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prevé discutir este jueves un proyecto de sentencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prevé discutir este jueves un proyecto de sentencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que establece que las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no pueden invalidar una suspensión dictada en un juicio de amparo contra la reforma judicial. Por lo que ordena, a todos los actores involucrados en la reforma judicial, incluido el Instituto Nacional Electoral (INE) acatar las suspensiones dictadas por diversos jueces contra la implementación de la reforma judicial. «Las autoridades responsables en los juicios de amparo en que se hayan concedido suspensiones en contra de la implementación de la Reforma Judicial. Se exhorta a las autoridades responsables a cumplir con las suspensiones que hayan dictado las personas juzgadoras de amparo en su contra. Este es el requisito mínimo de vivir en un Estado de Derecho», sentenció. Para aprobar el proyecto se requieren seis votos y no ocho Al resolver una solicitud de atracción pedida por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, la directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, Juana Fuentes Velázquez, Gutiérrez Ortiz Mena también da un plazo de 24 horas a los jueces de distrito que hayan concedido suspensiones en contra de la reforma judicial para revisar de oficio sus determinaciones cautelares a la luz de las consideraciones de esta sentencia. Sin embargo, el ministro señaló que las sentencias del TEPJF que reactivaron la reforma judicial «no tienen la capacidad de invalidar órdenes de suspensión en juicios de amparo» «Sobre la actuación de la Sala Superior, lo propicio es delimitar los efectos jurídicos que pueden tener sus determinaciones para no socavar el Estado de Derecho. Como vimos, sus sentencias no pueden tener la capacidad de incidir de manera alguna en las determinaciones de los juzgadores de amparo; no funcionan como instancia de revisión y su pretensión de anular los efectos de las suspensiones simplemente carece de cualquier efecto dentro de nuestro orden jurídico. Los pronunciamientos con pretensión de autoridad que se emiten bajo una competencia extra-legal no pueden afectar ninguna de las determinaciones de amparo, tanto de admisión de las demandas como las órdenes de suspensión. En todo caso, las sentencias de la Sala Superior deben leerse como la opinión de la mayoría de los miembros de este cuerpo colegiado», indicó. Señaló que tanto los jueces de distrito como los magistrados electorales cayeron en una «ambición de salirse del derecho en su búsqueda de ser aquel que decide cuándo se le aplica una excepción al derecho, pues por un lado los jueces se involucraron en amparos que no aplican en procesos electorales, pero por el otro, el Tribunal Electoral incurrió en temas en los que es incompetente». Agregó que «éste no es un caso trágico, sino el espejo que refleja el momento preciso en que las instituciones del Estado, paradójicamente en su intento de defender el orden constitucional, terminaron por exhibir su fragilidad».