SCJN

La oposición analiza recursos contra la intervención «ilegal» del Senado de la República. La oposición analiza recursos contra la intervención «ilegal» del Senado de la República en el proceso de selección de candidatos para la elección judicial, al pretender invadir funciones que corresponden al Comité de Evaluación del Poder Judicial, cuyos integrantes renunciaron ante las irregularidades que se han presentado. Ante ello, senadores de Morena rechazaron que haya alguna irregularidad en la actuación de la Mesa Directiva del Senado y puntualizaron que se acatará el mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), única autoridad judicial facultada por la Constitución para intervenir en temas electorales. La bancada del PAN en el Senado anunció que valorará la interposición de nuevos juicios de amparo para combatir la «clara invasión competencial que pretende materializarse desde el Poder Legislativo». Los panistas denunciaron que se pretende invalidar la competencia del Poder Judicial y recordaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió una solicitud para dirimir la contradicción de criterios entre los Juzgados de Distrito y la Sala Superior del TEPJF. La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) advirtió que la Mesa Directiva del Senado no tiene facultades para suplir las funciones del Poder Judicial. «Las determinaciones realizadas por el TEPJF se contraponen con determinaciones hechas por un juez de Distrito del mismo Poder Judicial, por lo que no hay claridad respecto a lo que debe o no acatarse». El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, afirmó que pese a la amenaza de la oposición de impugnar el proceso, la Cámara Alta cumplirá con la insaculación el próximo viernes, como se lo ordenó el TEPJF. «Yo lo que puedo decirles es que el Senado de la República, como lo mandató el Tribunal Electoral, a través de la Mesa Directiva va a realizar en tiempo y forma, lo propuso o lo mandató el tribunal para el próximo viernes, dio un plazo límite, y nosotros vamos a hacer el proceso de insaculación». A su vez, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, rechazó que el proceso de selección de los aspirantes al Poder Judicial esté deslegitimizado por los amparos, la intervención del Tribunal Electoral y las renuncias de los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial, toda vez que el «canalla», dijo, ha sido el Poder Judicial. En conferencia, denunció que el Poder Judicial ha pretendido «descarrilar» el proceso electoral del 1 de junio, pues sistemáticamente ha violado la ley. «Ellos son los que han actuado desaseadamente, ellos son los que no han tenido ética», dijo. El presidente de la Mesa Directiva del Senado, reiteró que «no hay poder humano» que detenga la elección judicial y mencionó que ya hay opositores que amenazan con acudir a denunciar ante instancias internacionales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el paro realizado por los trabajadores del Poder Judicial en 2024 contra la reforma judicial fue válido La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó el martes que el paro de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) contra la reforma judicial, realizado el año pasado, fue válido y no afectó la impartición de justicia durante su vigencia. Con el voto en contra de las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama, una mayoría de siete ministros avaló la circular 17/2024 del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), mediante la cual se suspendieron las actividades laborales en todos los órganos jurisdiccionales el país, derivado de la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y el partido Morena. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien propuso al pleno declarar la validez de la suspensión de labores, de no haberse emitido pronunciamiento alguno, como la circular 17/2024, se hubiera perjudicado el funcionamiento jurisdiccional y dejado en estado de incertidumbre a los justiciables al no haberse suspendido los plazos legales. «Se estima que la determinación sobre la suspensión de actividades y el dictado de medidas sobre la tramitación de asuntos, con carácter urgente, se dictó sin prejuzgar en la toma de decisiones que se suscitó entre los integrantes de la Jufed y particularmente atendió a preservar la continuación de las labores jurisdiccionales y a garantizar el ejercicio de impartición de justicia», indicó. No obstante, la ministra Yasmín Esquivel se pronunció en contra de la validez de la circular, ya que, en su opinión, quedó sin materia al haberse reanudado las actividades en el Poder Judicial de la Federación. De igual forma, la ministra Loretta Ortiz Ahlf se manifestó en contra de validar el paro, al considerar que se ha quedado sin materia. «No estoy de acuerdo con la afirmación de que el Consejo de la Judicatura Federal haya actuado conforme a sus facultades, pues no se desprende ninguna habilitación para suspender el servicio público de impartición de justicia en todo el territorio nacional». La juzgadora señaló que el CJF refrendó el derecho de los juzgadores de manifestarse pacíficamente dentro del marco legal, pero a su consideración no hizo compatible lo anterior con la continuidad de la impartición de justicia, cuya naturaleza es esencial», expuso. En tanto, la ministra Lenia Batres Guadarrama afirmó que el Consejo de la Judicatura Federal debió garantizar la continuidad en la operación de los tribunales federales del país y avalar la suspensión de actividades de manera que, dijo, «su actuación es debatible y absolutamente sancionable porque su función no es estar regularizando a posteriori decisiones unilaterales que sin contar con competencia para ello, tomaron las personas juzgadoras para suspender el servicio público», comentó. Asimismo, el pleno de la Corte declaró improcedente pronunciarse sobre la declaratoria formal de suspensión de actividades emitida en agosto de 2024.

Al considerar que se excedieron en sus facultades por suspender el proceso de selección de candidatos para la elección judicial. Al considerar que se excedieron en sus facultades por suspender el proceso de selección de candidatos para la elección judicial, la ministra Lenia Batres Guadarrama anunció que solicitará al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la destitución inmediata de todos los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación. La ministra informó que la decisión fue tomada de manera unilateral por los integrantes de dicho Comité, sin informar previamente a los ministros. Además, indicó que la determinación, ordenada por un juez federal con sede en Michoacán, carece de sustento jurídico pues de acuerdo con el artículo 96, fracción II, de la Constitución Política; el 33 del Acuerdo General Plenario 4/2024 de la SCJN; y el artículo 6, del Acuerdo General Plenario 4/2024 el Comité de Evaluación cuenta con funciones limitadas a cuestiones técnicas, internas y administrativas. En una nota informativa, expuso que el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, señala que las autoridades para efectos del amparo son las personas que dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Batres afirmó que es claro que dicho comité no puede tomar decisiones unilaterales de supra a subordinación pues quien formula la propuesta de candidatos es la SCJN y no el comité de evaluación. Por ello, señaló, era inviable otorgar una suspensión cuando es evidente que el artículo 61 fracción II de la Ley de Amparo, señala que el juicio de amparo es improcedente en contra de actos de la SCJN. Por tanto, agregó, que el Comité no era autoridad para efectos del amparo y no tiene representación jurídica para tomar la decisión de suspender el proceso, pues su función es meramente técnica y subordinada a la SCJN. Puntualizó que el trámite que debió darse a la notificación del Juzgado Primero de Distrito, con residencia en Michoacán, era notificar a la presidencia de la SCJN, que a su vez tendría que haber consultado al Pleno de ministros sobre la viabilidad jurídica de la suspensión, dado que la reforma constitucional faculta a dicho pleno para presentar las candidaturas que podrán postularse, a nombre del PJF, en la elección de personas juzgadoras federales. Sin embargo, lamentó que los integrantes del Comité: Mónica González Contró, Emma Meza Fonseca, María Emilia Molina de la Puente, Luis Enrique Pereda Trejo y Wilfrido Castañón León, decidieron por sí mismos suspender el proceso, sin tener facultades para ello. «Es preciso recordar que solo pueden ser objeto de juicio de amparo las autoridades, que en este caso es el Pleno de la SCJN; mientras que el Comité solo tiene una función honorífica, técnica y auxiliar en la selección de los candidatos que contenderán en la elección judicial». La petición de remover a los actuales miembros del Comité será presentada por la ministra en la sesión privada del Pleno de la SCJN de este jueves , que fue convocada con el propósito de informar a los ministros de la decisión de suspender el proceso de selección de candidatos.