SCJN

Un golpe de mazo tronó en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un golpe de mazo tronó en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): fin del debate. La reforma al Poder Judicial de la Federación está vigente y sin cambios. Aunque en el Alto Tribunal no se celebran ni se aplauden sus decisiones, el fallo es un triunfo para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien desde campaña pidió el voto masivo para llevar a cabo lo planteado por su antecesor, el expresidente López Obrador. Por siete horas «con una de receso» el debate se caracterizó por ríspidos reclamos entre los ministros «antireforma» y el grupo minoritario en favor de los cambios hechos por el Congreso de la Unión. La ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, abrió la sesión recordando que cualquier decisión estaría en los libros de historia del país y será revisada escrupulosamente por la sociedad, la comunidad jurídica nacional e internacional y por generaciones futuras. La ministra Lenia Batres recordó por qué llegaron a este momento: el activismo judicial que invalidó 398 leyes de 2019 a 2023, por incumplir el precepto de que ningún servidor público gane más que el Presidente y por los 14 fideicomisos que no han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación (Tesofe). Pero, sobre todo, dijo, «se ha mantenido una política de tolerancia a conductas como el nepotismo y la impunidad al interior del Poder Judicial. Se han emitido además suspensiones provisionales y definitivas con fines absolutamente políticos». Con mesura, el ministro Luis María Aguilar Morales criticó que se alzara la voz «como un mitin» para imponer ideas en vez de argumentos. Le respondió que si se invalidaron leyes del Ejecutivo era porque estaban «mal hechas, en este y en cualquier sexenio». Juan Luis González Alcántara Carrancá en el sentido de que corresponde a la Corte revisar que la Carta Magna «sea congruente consigo misma y al artículo 135, que se haya cumplido con el proceso para poder hacerlo». Cuando se discutía la legitimación de los partidos políticos para presentar acciones de inconstitucionalidad, el ministro Alberto Pérez Dayán rompió con el bloque contra la reforma. Con un block en las manos, leyó lo que podría ser el epitafio de las acciones de inconstitucionalidad y del proyecto de González Alcántara Carrancá. «La aquí analizada [acción de inconstitucionalidad] es (…) total y absolutamente improcedente, (…) responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente». Tras sus palabras vinieron caras largas y miradas de pesimismo entre los ministros. Pérez Dayán sumó su negativa a la de las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz. Cuatro votos suficientes para considerar la improcedencia de las acciones de inconstitucionalidad y declarar el sobreseimiento de los recursos presentados. Piña Hernández buscó como último recurso invocar la mayoría calificada, apoyándose en la misma reforma judicial que requería seis votos, pero en un pleno con nueve ministros para declarar la inconstitucionalidad. Así se determinó que la mayoría calificada sería de ocho votos y, con ellos, queda intacta la reforma del expresidente López Obrador en una decisión que marca un antes y un después en el Poder Judicial.

Bajo la mirada de miles de magistrados, jueces y sociedad civil inconforme. Bajo la mirada de miles de magistrados, jueces y sociedad civil inconforme, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se apresta a definir este martes el futuro de la reforma judicial en sesión histórica, en la que debatirá el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que plantea invalidar la elección de juzgadores federales por voto popular. Con la composición actual de 11 ministros se requiere una mayoría de ocho votos para anular parcialmente la polémica legislación, en los términos que proyecta González Alcántara Carrancá, al resolver las acciones de inconstitucionalidad presentadas por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC), y que le fueron turnadas. Y es que hasta en tanto la nueva integración del pleno de la Corte, establecida en nueve ministros por la reforma al Poder Judicial de la Federación, rinda protesta en septiembre de 2025, se requerirán ocho votos para invalidar una reforma constitucional con efectos generales. Con base en sus pronunciamientos y declinación a participar en la elección de ministros programada para junio del año próximo, se prevé que la presidenta del Máximo Tribunal del país, Norma Lucía Piña Hernández, vote a favor de invalidar parcialmente la reforma judicial, así como los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Luis María Aguilar Morales. En tanto, se perfila que las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama y Loretta Ortiz Ahlf, identificadas con la autodenominada Cuarta Transformación, se pronuncien contra el proyecto de anular la reforma judicial. El ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz advirtió que en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalide la reforma judicial y los Poderes Ejecutivo y Legislativo, dominados por Morena, no acaten la sentencia, podría generarse una situación peligrosa para el orden constitucional en el país. «Puede venir una escalada peligrosísima porque en caso de que se diera esta situación los ministros podrían considerar que hay un desacato y que hay que remover, destituir y someter a proceso a quienes no acaten su sentencia, en este caso el Ejecutivo y el Legislativo», sentenció. Por lo que de darse este escenario, explicó Cossío Díaz, la destitución del Ejecutivo e integrantes del Legislativo no pasaría por un proceso de desafuero ni por la Fiscalía General de la República (FGR), sino que serían consignados directo ante un juez de Distrito por el delito de administración contra la justicia. «Es el único caso donde se rompe el monopolio del ejercicio de la acción penal, de manera que los ministros pueden consignar directamente ante un juez de Distrito a las personas que consideren que están en rebeldía para que les aplique la pena, ya que la Corte es el órgano que ha determinado que se ha producido un delito contra la administración de justicia«, expuso.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que ocho integrantes del Alto Tribunal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que ocho integrantes del Alto Tribunal presentaron su renuncia ante el Senado de la República, misma que para siete ministros se hará efectiva a partir del 31 de agosto de 2025, como establece la reforma judicial. Dado que este 30 de octubre la presidenta de la SCJN, Norma Piña, hizo pública su renuncia al cargo, que asumió en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Por medio de una carta dirigida al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, Piña presentó su renuncia como un «acto de congruencia y respeto». «Esta renuncia no implica mi conformidad con la separación del cargo para el que fui designada originalmente hasta el 10 de diciembre de 2030, sino un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige», se lee. El 29 de octubre el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena mando una carta al Senado para presentar su renuncia donde señaló que no se someterá a un proceso de elección popular. Detalló que su dimisión no implicaba la aceptación de la reforma. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo informó de su renuncia y declinación a la elección extraordinaria del 2025. Precisó que en sus más de 40 años de carrera judicial, su expediente está limpio, siempre desempeño sus funciones con «independencia, honestidad, imparcialidad, excelencia y entrega». El ministro Javier Laynez Potisek también se sumó a las renuncias de sus compañeros ministros. En una breve carta el juzgador informó de su renuncia, así como su rechazo a participar en el proceso electoral para la elección de juzgadores. El ministro Luis María Aguilar también presentó su renuncia como ministro de la Corte así como a cualquier otro cargo. En su carta enviada al Senado explicó que «todo ciclo se cierra», en especial cuando la constitución ha sido modificada. El ministro Alberto Pérez Dayán evitó hacer pronunciamientos concretos. En su misiva el juzgador solamente informo de su renuncia y declinación al proceso electoral extraordinario 2024-2025 para las elecciones judiciales. Del mismo modo que sus compañeros el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá confirmó su renuncia, en una carta mencionó que declina de participar en las elecciones judiciales, las cuales acusó de «antitética a mi labor». La ministra Margarita Ríos Farjat anunció que no participará en las elecciones del Poder Judicial, por lo que presentó su renuncia a la SCJN. También anunció que no aceptara el haber de retiro establecido en la reforma judicial, para mantener su espacio de dignidad y libertad. «Para mantener mi espacio de dignidad y libertad personal, opto por no aceptar, bajo tales condiciones y llegado el momento, el pago de la cantidad de dinero mensual a la que tengo derecho como futura integrante en retiro de este tribunal», señaló en el escrito.