SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que Mario Aburto Martínez. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que Mario Aburto Martínez, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, seguirá en prisión, en la que ya cumplió 30 años. La Primera Sala ordenó al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Edo. de México, que amparó al michoacano para que se redujera su condena de 45 a 30 años, que reponga el procedimiento en el juicio de amparo, ya que durante el proceso no fueron tomadas en cuenta las víctimas, es decir, los familiares de Colosio Murrieta. La Primera Sala subrayó que la legitimación de las víctimas u ofendidos del delito para efectos del juicio de amparo, no descansa únicamente en su derecho a obtener la reparación del daño, sino en el marco de su derecho fundamental a un recurso efectivo que más allá del aspecto resarcitorio, también comprende el derecho de las víctimas a saber la verdad y a la justicia. De esta manera, por tres votos de los ministros, se revocó el amparo a Aburto impugnado por la Fiscalía General y se ordenó reponer el procedimiento. En tanto, dos ministros votaron en contra de reponer el procedimiento.

Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió para su análisis cinco acciones de inconstitucionalidad promovidas por la oposición en contra de la reforma judicial, en vigor desde septiembre pasado. Sin embargo, el ministro rechazó la suspensión de la norma solicitada por el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, diputados del Congreso de Zacatecas e integrantes de la Unidad Democrática de Coahuila, toda vez que la «admisión de una acción de inconstitucionalidad no da lugar a la suspensión de la norma general, a diferencia de lo que sucede en la controversia constitucional». González Alcántara Carrancá argumentó que las impugnaciones promovidas versan sobre el procedimiento de elección de jueces, la supresión y conformación de nuevos órganos del Poder Judicial y cambios en el número de integrantes de la SCJN, entre otros, que implican modificaciones operativas, de estructura y funcionamiento del Poder Judicial. Por lo que, señaló, «emitir un pronunciamiento en relación con dichos aspectos implicaría resolver cuestiones reservadas al fondo de sendas acciones de inconstitucionalidad siendo que, además, podría entorpecer el proceso electoral en curso, lo cual podría generar mayor afectación social que beneficio, tratándose de una medida cautelar». En consecuencia, sentenció, «no ha lugar a conceder la suspensión solicitada por los partidos políticos y diputados promoventes». De esta manera, el ministro se encargará de elaborar un proyecto de sentencia de las impugnaciones presentadas, el cual presentará al pleno de la Corte para su discusión y votación en sesión por definir. Asimismo, ordenó dar vista a las cámaras de Diputados y Senadores, al Poder Ejecutivo federal y a los poderes Legislativos de las 32 entidades del país para que rindan sus informes justificados sobre las acciones de inconstitucionalidad dentro de seis días naturales. De igual forma, requirió a la Sala Superior del Tribunal Electoral para que, dentro de 10 días naturales, exprese por escrito su opinión en relación con las impugnaciones.