SCJN

Este lunes, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados discutirá y votará la reforma al Poder Judicial. Este lunes, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados discutirá y votará la reforma al Poder Judicial, la cual fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero. Sin embargo, esta iniciativa ha generado un amplio descontento entre los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, quienes desde el 19 de agosto se encuentran en paro indefinido de labores como muestra de su inconformidad. Por lo que la reforma busca modificar el artículo 95 de la Constitución para establecer que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular, en lugar del actual proceso de designación. Además, se propone que estos servidores públicos ocupen sus cargos por un periodo de 12 años, en lugar de los 15 años actuales. Dado que de acuerdo con la propuesta, se llevarán a cabo dos elecciones para seleccionar a la totalidad de ministros, magistrados y jueces. La primera se realizaría el primer domingo de junio del próximo año, y la segunda en 2027. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elegidos en estos comicios ocuparían sus cargos por un periodo variable de 8, 11 o 14 años, dependiendo del resultado de la votación. Uno de los cambios más significativos que plantea la reforma es la reducción de ministros en la SCJN, pasando de once a nueve. Además, las dos salas que actualmente existen en el máximo tribunal serían eliminadas, con lo que las sesiones se llevarían a cabo únicamente en el pleno. Otro punto relevante del proyecto de dictamen es la extinción de la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que debería ocurrir a más tardar el 1 de septiembre de 2025. Como resultado, las magistraturas de esta sala no se renovarán en la elección extraordinaria prevista. Por lo que la reforma también contempla la eliminación de la pensión vitalicia para los actuales y futuros ministros de la SCJN, así como la imposición de un tope salarial, estableciendo que ningún funcionario del Poder Judicial pueda ganar más que el presidente de México. Finalmente, se propone la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por dos nuevos organismos: un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial. El primero asumiría las funciones administrativas, de carrera judicial y de control interno, además de elaborar el presupuesto del Poder Judicial. El segundo se encargaría de recibir denuncias contra ministros, magistrados, jueces y personal judicial. La iniciativa judicial busca, entre otros objetivos, garantizar una justicia más expedita, estableciendo plazos máximos para la resolución de asuntos fiscales y penales, con el fin de agilizar los procesos y mejorar la eficiencia en la impartición de justicia en México.

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, llamó a preservar la independencia judicial, que definió como un «derecho del pueblo» y «patrimonio de la humanidad». Al inaugurar el Encuentro Internacional sobre Independencia Judicial, en colaboración con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU–DH) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la ministra afirmó que la independencia y la responsabilidad de los jueces son elementos reconocidos como fundamentales para fomentar y mantener la confianza de la sociedad en sus juezas y en sus jueces, como se sostiene en el sistema interamericano de Derechos Humanos. «Por ejemplo, en el caso del Tribunal Constitucional contra Perú, cuando la Corte Interamericana consideró que uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces y, para tales efectos, los diferentes temas políticos han ideado procedimientos estrictos tanto para su nombramiento como para su destitución». Añadió: «Recordemos también el caso Villaseñor Velarde y otros contra Guatemala, en donde se sostuvo que la independencia judicial es, un principio ampliamente reconocido, un objetivo principal de la separación de los poderes públicos, resultando indispensable para la protección de los derechos fundamentales, y específicamente en el caso Ríos Avalos y otros contra Paraguay se señaló que se trata de uno de los pilares básicos de las garantías del debido proceso». Señaló: «alzamos la voz, una vez más, sobre las implicaciones que tendrían vulnerar o perder un baluarte como lo es nuestra independencia judicial». Destacó que todas las autoridades tienen la responsabilidad compartida de salvaguardar la independencia judicial, como valor del Estado constitucional y democrático de derecho.