Sedena

En medio del debate para reformar al Poder Judicial, el gobierno federal redujo 28% el presupuesto. En medio del debate para reformar al Poder Judicial, el gobierno federal redujo 28% el presupuesto que fue aprobado para el Programa de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Para 2024 se avaló destinar a dicho programa un total de mil 169 millones 900 mil pesos; sin embargo, a través de ajustes presupuestales se redujo el monto a 848 millones 900 mil pesos, sin que a la fecha se sepa a dónde se fueron los 326 millones que fueron recortados. Por lo que, de acuerdo con la propia Defensa Nacional, el Programa de Justicia Militar tiene el objetivo de «asegurar el adecuado funcionamiento de los organismos que integran el Sistema de Justicia Militar«, e incluso cuenta con la facultad de «transformar y modernizar» dicho sistema mediante reformas a los procedimientos legales en el interior de la dependencia castrense. Sin embargo, al momento, el Poder Judicial juzga delitos de ciudadanos, en tanto que el Sistema de Justicia Militar tiene a su cargo la averiguación y el castigo de los delitos y faltas contra la disciplina militar; por lo que, poco se sabe sobre el número de casos y número de sentencias, toda vez que se trata de información clasificada. En la Plataforma Nacional de Transparencia se registran 437 solicitudes de información relacionadas con el Sistema de Justicia Militar, de las cuales sólo dos fueron transparentadas de manera pública por casos particulares; el resto ha sido reservada por periodos que van de los cinco a los 12 años. Entre los casos mediáticos destaca el de los militares presuntamente involucrados en el asesinato de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. Han sido señaladas autoridades federales y estatales, así como elementos del Ejército del 27 Batallón de Infantería en Iguala. En junio de 2023, un juez impuso prisión preventiva a ocho militares relacionados con el crimen, por el delito de desaparición forzada, quienes fueron liberados en 2023, reaprendidos y vueltos a liberar en mayo de 2024, sin que hasta ahora se sepan los detalles del caso. Actualmente existen tres prisiones militares, siendo éstas la adscrita a la I región militar, ubicada en la Ciudad de México; la adscrita a la III región militar, ubicada en Sinaloa, y la adscrita a la V región militar, con sede en Jalisco. De acuerdo con la propia Sedena, el Sistema de Justicia Militar —además de estar a cargo de organizar, dirigir y supervisar el funcionamiento de las prisiones militares, unidades disciplinarias y otras dependencias e instalaciones similares— se encarga de vigilar que los militares procesados y sentenciados «conserven su capacidad física y la profesional en su caso, hasta su reincorporación a las actividades militares o civiles». De igual forma, se encarga de tramitar los cambios de prisión, las prórrogas de jurisdicción y las solicitudes de indulto; participa en la elaboración de proyectos de leyes y reglamentos relativos a la administración de la justicia militar; tramita lo necesario respecto a retiros y pensiones en la parte que compete a la Secretaría de la Defensa Nacional, y es responsable de practicar los estudios sobre recompensas a los militares.

Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha triplicado el presupuesto destinado a la Secretaría de la Defensa Nacional. Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha triplicado el presupuesto destinado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ya que pasó de 80 mil 936 millones de pesos en 2018 a 259 mil millones de pesos para este año. En el Presupuesto de Egresos se le ha aprobado montos más bajos; no obstante, la dependencia federal siempre ha ejercido más de lo que se le asigna. En 2019, primer año en que López Obrador propuso el PEF, a Sedena se le aprobaron 93 mil 670 millones de pesos, pero al final ejerció 111 mil 618 millones, según datos de la Cuenta Pública. Contrario a lo que sucedió en el último año del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto (2018), cuando se le asignaron 81 mil 21 millones de pesos y ejerció 80 mil 936 millones. Dichos recursos se han manejado con opacidad, pues se ha gastado por medio de adjudicaciones directas, señaló a EL UNIVERSAL Sergio Barrera Sepúlveda (MC), secretario de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados. «Lo que nosotros hemos estado solicitando es que se le dé transparencia, cosa que no ha sucedido. Prácticamente todo lo han hecho a través de adjudicaciones directas. En muchos casos han dicho que por seguridad nacional se tienen que guardar los archivos hasta pasando este sexenio. Si la Secretaría de la Defensa va a utilizar y va a tener un presupuesto tan alto, necesitamos que haya transparencia y rendición de cuentas», expresó. El legislador refirió que se ha dejado de comprar medicamentos y ha disminuido el presupuesto para el sector Salud, para dárselo a la Sedena, «y estén haciendo labores que no le correspondería hacer». «Nosotros nos hemos opuesto férreamente al presupuesto y cómo se ha destinado, y por más que hemos intentado meter reservas para destinar en otros rubros necesarios, como educación, salud, generación de empleos, no se ha hecho y, prácticamente, cada vez aumenta más, es menos transparente», expuso. El diputado Francisco Huacus, coordinador de la bancada del PRD y secretario de la Comisión de Defensa Nacional, coincidió en que el presupuesto se ha gastado con opacidad. Señaló que la oposición buscará una recomposición del Congreso en la próxima Legislatura para influir en la asignación de presupuesto a rubros clave.