Seguridad

Autoridades de los tres niveles de gobierno se reunieron el miércoles en la Mesa de Construcción de la Paz Para combatir delitos de alto impacto, autoridades de los tres niveles de gobierno acordaron implementar filtros de inspección y vigilancia y patrullajes de inteligencia por tierra y aire. En la Mesa de Construcción de la Paz, encabezada por Javier Navarro Velasco, Secretario General de Gobierno, las corporaciones de seguridad analizaron nuevas tácticas y estrategias en las regiones que concentran el mayor índice de homicidios. A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad informó de las acciones conjuntas a efectuar en zonas como Monterrey, García y Juárez, donde se registraron el 33 por ciento de las ejecuciones relacionadas con el crimen organizado. «Con este proyecto, se busca contener el incremento a la violencia en los últimos meses y mejorar la percepción de seguridad entre los nuevoleoneses», cita el documento. «Las operaciones conjuntas de los tres niveles de gobierno contemplan realizar filtros de inspección y vigilancia;  además de patrullajes  desde todas las perspectivas: inteligencia, aire y tierra». A la par, la Fiscalía General de Justicia en el Estado, en coordinación con el resto de los integrante de la Mesa,  investiga al origen de las mantas que aparecieron ayer en diversos puntos de la ciudad. «El Grupo de Coordinación acordó una acción inmediata ante cualquier eventualidad o mensajes que generen zozobra en la población», agrega.

Refirió que, si bien Fuerza Civil mantiene presencia en las carreteras, falta la participación de la policía municipal. Porque es una tarea de los tres órdenes de gobierno; Gerardo Palacios Pámanes, Secretario de Seguridad Pública, llamó ayer a los municipios a asumir su responsabilidad en materia de Seguridad. En entrevista, tras el arranque del Operativo de Semana Santa Segura, el funcionario estatal, señaló que el predio de Pesquería donde se reportó el hallazgo de restos de al menos 13 personas, era antes un tiradero de ganado. Refirió que, si bien Fuerza Civil mantiene presencia en las carreteras, falta la participación de la policía municipal. «Resulta que era un vertedero o un tiradero de ganado bovino robado y cuyas partes o despojos no utilizaban con fines comerciales, iban y lo aventaban ahí», expuso. «Ese desorden público en el municipio generó, alentó al crimen organizado a utilizarlo para abandonar estos cadáveres, en algunos casos, abandonar, en algunos se puede presumir ultimar estos cadáveres ahí en ese territorio, en ese terreno municipal». «Nosotros hemos incrementado significativamente el patrullaje. En toda la periferia del área metropolitana, que ya mencioné, que incluye Pesquería, Cadereyta», aseguró. Indicó que incluso se invitó al Secretario de Seguridad de este municipio a la Mesa de Construcción de la Paz para abordar el tema, pero éste no acudió. Mientras que, en contraste, insistió, Fuerza Civil realiza patrullajes en el sitio. «Aquí se citó al secretario de seguridad pública de Pesquería a comparecer, para acudir a esta reunión de las 08:00 de la mañana y no vino. Obviamente no se manda solo. Nosotros, en cambio, aquí estamos», sostuvo. «Hay que asumir con seriedad los trabajos públicos. Seamos hombres y aceptemos públicamente cuáles son nuestras responsabilidades y qué le toca a cada cuál para evitar dimes y diretes». Recordó que, conforme al 115 constitucional, al alcalde le corresponde la seguridad pública de sus habitantes, de modo que su trabajo es ir a reforzarlos, no  suplirlos en sus responsabilidades. Sin embargo, según el INEGI, hay casi 700  mil habitantes, pero todas las policías municipales juntas, por turno, tienen tan solo 80 policías y en el caso de Pesquería apenas 5 patrullas. «Son 80 policías municipales para 700 mil habitantes. Ahí, nosotros, en cambio, asignamos 450 policías de Fuerza Civil. Con esa desproporción, pueden ver que muchas veces, en vez de ir a reforzar a las policías municipales, pues tenemos que ir a hacer las veces también de las policías municipales», precisó. «Y esa es la desproporción que hay entre el compromiso de nosotros por la seguridad y la de algunos alcaldes o autoridades municipales». «La seguridad pública en este país no funciona adecuadamente porque siempre hay alguien que no quiere hacerse responsable de sus obligaciones y por el contrario, se dedica a culpar a los demás. Asuma cada quien la responsabilidad que tiene en materia de seguridad y podremos salir adelante. Nosotros estamos cumpliendo con creces la nuestra», agregó.

El decreto 349 publicado el pasado viernes 17 de marzo en el Periódico Oficial del Estado, incluye sanciones en el Código Penal de Nuevo León, a quienes cometan el delito de violación contra personas que pertenecen a algún grupo vulnerable. De acuerdo al decreto, en el Congreso local se aprobó la modificación de los artículos 266, 287 bis, 292 y 305 bis. Respecto al primero, la reforma añade como persona ofendida a quien pertenezca a un grupo vulnerable. Para este caso, la Ley contempla como castigo de 15 a 22 años de prisión, y si la víctima además es menor de 11 años, la pena se incrementa hasta 30 años de cárcel. Además, la reforma al Artículo 287 agrava el delito de violencia familiar cuando la víctima pertenece a un grupo vulnerable. Mismo caso para el delito de lesiones; con la actualización, quien cometa dicho delito contra personas que pertenecen a grupos vulnerables la pena podría incrementarse hasta en una mitad, cuya pena se evalúa según las circunstancias y la máxima es hasta 10 años de prisión.